"Hay que anteponer la vida y la salud a la burocracia, por lo menos a la que es innecesaria". Así de contundente se mostró este lunes Isabel Díaz Ayuso tras su visita a las instalaciones de la farmacéutica Normon.
La presidenta de la Comunidad de Madrid lanzó un mensaje claro contra el anteproyecto de Ley del Medicamento impulsado por el Ministerio de Sanidad, que dirige Mónica García.
En su opinión, el texto que el Gobierno pretende llevar al Congreso genera inquietud en el sector, y la falta de rigor técnico y jurídica, provoca confrontación y pone en jaque el modelo de medicamentos genéricos en España.
"Un perjuicio para todos"
Desde los laboratorios situados en Tres Cantos, Ayuso subrayó que el nuevo sistema de precios propuesto en la norma "pone en riesgo el abastecimiento de fármacos y nuestro tejido industrial farmacéutico en favor de terceros países".
La presidenta autonómica alertó de que el modelo previsto para los medicamentos genéricos podría comprometer su viabilidad en España.
Ayuso pidió "acelerar los trámites para que los medicamentos exclusivos puedan suministrarse en España con menos trabas administrativas y una espera media, como mucho, de 600 días". Actualmente, ese plazo supera los 600 días de media, a pesar de que la normativa europea fija un máximo de 180.
Farmaindustria: inseguridad jurídica y fuga de inversión
La crítica de Ayuso se alinea con las alegaciones presentadas por Farmaindustria, que reclama al Gobierno una revisión integral del anteproyecto. La patronal del sector denuncia que la futura ley no ve el medicamento como una inversión, sino como un gasto, y que está más orientada a recortar costes a corto plazo que a asegurar el acceso, la innovación y la autonomía productiva.
"El medicamento debe considerarse una estrategia de inversión que mejora la salud y reduce costes hospitalarios y bajas laborales", defiende su presidenta, Fina Lladós. En su nota oficial, Farmaindustria también advierte de que el nuevo modelo puede afectar negativamente a la producción en Europa y debilitar la atracción de inversiones en I+D, especialmente frente a potencias como China y Estados Unidos.
Genéricos, biosimilares y un sistema de precios controvertido
Uno de los puntos más polémicos del anteproyecto es el sistema de precios seleccionados, que define una horquilla de precios dentro de cada grupo de medicamentos. El objetivo declarado es fomentar la competencia. Sin embargo, tanto Farmaindustria como Ayuso advierten de sus riesgos.
"No decimos ya ayudar, simplemente digo dejar de entorpecer", reclamó la presidenta madrileña, tras insistir en que con medidas como esta "no podemos seguir creciendo" como motor económico para España.
El sistema actual iguala los precios al más bajo. El nuevo sistema permitiría que medicamentos por encima del precio seleccionado sigan financiados parcialmente, pero los expertos denuncian que el modelo no garantiza la seguridad jurídica ni la estabilidad de las inversiones.
El propio texto oficial del Ministerio de Sanidad lo reconoce: "el sistema actual adolece de demasiada rigidez" y el nuevo marco busca "generar un entorno de competencia saludable entre desarrolladores".
Para ello, introduce la figura de los "medicamentos con precios seleccionados", cuya elección por parte del paciente conllevará una aportación económica proporcional. Además, establece que los medicamentos no seleccionados podrán seguir dispensándose, aunque con una aportación superior por parte del paciente.
Esto genera una gran incertidumbre en el sector farmacéutico, que no podrá prever si sus productos serán incluidos en el listado de seleccionados ni bajo qué condiciones.
Una situación que dificulta la planificación industrial y desincentiva la fabricación nacional, comprometiendo la viabilidad de muchas inversiones.
Una ley sin consenso
El anteproyecto no solo ha generado inquietud en la industria farmacéutica. También médicos y farmacéuticos han mostrado su preocupación, como ya informó Libertad Digital, por el impacto que tendría en el control clínico de los tratamientos.
La norma permite que enfermeros y fisioterapeutas prescriban medicamentos, lo que para muchos desdibuja el papel del médico. Además, autoriza al farmacéutico a sustituir tratamientos en caso de desabastecimiento, bastando con informar al paciente.
El texto también obliga a valorar el impacto medioambiental de los fármacos alternativos, una carga adicional que profesionales consideran poco clara y difícil de aplicar.
Madrid, como contramodelo
Ayuso reivindicó el papel de Madrid como referente en innovación sanitaria, con 13.000 ensayos clínicos activos, el desarrollo de terapias avanzadas como las CAR-T y la protonterapia, y una tarjeta sanitaria virtual que ya utilizan más de 3,7 millones de ciudadanos.
Madrid "no puede pararse bajo ningún concepto, porque es un perjuicio para todos", afirmó la presidenta Ayuso, quien destacó que la Comunidad de Madrid es ahora mismo observada "dentro y fuera de nuestras fronteras como motor de crecimiento, de empleo y, de innovación".
Con este anteproyecto, el Ministerio de Sanidad busca una transformación profunda del sistema farmacéutico: sostenibilidad, acceso temprano, evaluación ambiental, prescripción compartida y reforma de precios.
Pero la falta de consenso en torno al anteproyecto de Ley de Mónica García es evidente entre los sectores implicados. Y como advirtió Ayuso, "es un perjuicio para todos" y no podemos permitir que las trabas administrativas frenen la salud, la innovación y el crecimiento.