La Abogacía del Estado pide tres años y nueve meses de cárcel para el novio de Ayuso

La Abogacía del Estado ha solicitado una pena de tres años y nueve meses de prisión para Alberto González Amador por un supuesto fraude fiscal cometido en los ejercicios de 2020 y 2021. En su escrito de acusación, el órgano dependiente del Ministerio de Justicia cifra la multa en 448.000 euros y pide además la inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena.

La acusación se produce en plena fase intermedia del proceso judicial, después de que la jueza instructora, Inmaculada Iglesias, acordara continuar el procedimiento por la vía abreviada. La denuncia inicial fue presentada por la Fiscalía, que se basa en un informe de la Agencia Tributaria que apunta a "gastos ficticios" soportados por facturas de sociedades que, según los investigadores, no prestaron realmente los servicios facturados.

Las acusaciones se refieren a dos delitos contra la Hacienda Pública en concurso medial con un presunto delito de falsedad documental. En concreto, según recoge Europa Press, la Abogacía del Estado solicita para la pareja de Isabel Díaz Ayuso una multa de 155.000 euros y una condena de 1 año y 9 meses de prisión por el ejercicio de 2020, mientras que por el referido al año 2021 reclama 2 años y 1 día de cárcel, con una multa del 150% de la cuota presuntamente defraudada.

Según la denuncia, las facturas falsas habrían sido utilizadas para reducir la cantidad a abonar en el Impuesto de Sociedades. "Gastos que no se corresponden con servicios realmente prestados y todo ello con la finalidad de ingresar en el erario público menor cantidad de la que le correspondía", afirma literalmente el escrito.

El origen de la investigación se remonta a un informe de la Agencia Tributaria de 2022, centrado en la entidad Maxwell Cremona Ingeniería y Procesos Sociedad para el Fomento del Medioambiente. Según Hacienda, el fraude detectado superaría los 120.000 euros, umbral a partir del cual se considera delito fiscal.