El PP tumba el plan del Gobierno de enviar 400 menas a Pozuelo al cerrar el centro por "carecer de licencia"

El Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón ha notificado este jueves la orden de cese temporal de actividad al centro de refugiados de la localidad —conocido como CREADE— por carecer de la licencia adecuada para su uso residencial. El movimiento llega en pleno pulso con el Gobierno central, que planeaba trasladar allí a 400 menas procedentes de Canarias.

"Lo hacemos simplemente porque el centro carece de licencia para operar como lo está haciendo, de la misma manera que haríamos con cualquier otro establecimiento que supiéramos que incumple la normativa, ha asegurado la alcaldesa Paloma Tejero, quien ha acusado directamente al Ejecutivo de Pedro Sánchez de incurrir en una "negligencia institucional".

Según el Consistorio, la instalación —originalmente habilitada en 2022 de forma provisional para refugiados ucranianos— ha sido transformada "de la noche a la mañana" en una residencia permanente para más de 500 personas sin ningún tipo de autorización urbanística. "Es una irresponsabilidad alojar a personas en un centro sin licencia, sin control y sin garantías", ha sentenciado Tejero.

El Ayuntamiento, gobernado por el Partido Popular, sostiene que la inspección se llevó a cabo tras conocer los planes del Ministerio de Inclusión de ubicar de forma estable a 400 menores extranjeros no acompañados en el centro. Ahora, el Ejecutivo tiene 15 días para presentar alegaciones, pero deberá proceder mientras tanto al cese de actividad y reubicar a los actuales residentes. "Lo más importante", insisten fuentes municipales, "es asegurar que se cumplen las condiciones que garanticen el bienestar y la seguridad" de quienes se alojan allí.

"Se trata de un uso residencial y que no cumple con el uso que se está dando actualmente de acogida en ese centro. Por lo tanto, yo creo que lo que tiene que hacer la propia Administración general del Estado, el Gobierno de Pedro Sánchez y el Ministerio oportuno, es tomar las medidas oportunas con el fin de cumplir la legalidad urbanística que actualmente, como dice el Ayuntamiento de Pozuelo, no lo está cumpliendo", ha señalado el Gobierno regional.

Desde la Comunidad de Madrid, la postura ha sido clara desde el principio. Ya el 9 de julio, dejó claro que sin su visto bueno el traslado no se iba a producir. "No es una cuestión política, sino legal", apuntó entonces el portavoz autonómico, Miguel Ángel García Martín, quien tachó de "deslealtad institucional de tamaño monumental" la actuación del Ejecutivo central, que ni siquiera habría comunicado oficialmente sus planes a las administraciones implicadas. Por su parte, Isabel Díaz Ayuso reiteró que haría "todo lo que esté en su mano" para impedir tal uso del centro.

Para el delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, la decisión del PP es "un ejercicio de racismo preventivo". A su juicio, la reacción se debe ahora a que los migrantes son africanos porque, dice, el CREADE funcionó sin problemas cuando albergó a refugiados ucranianos. "Es francamente irresponsable", ha declarado este mismo jueves en RNE, donde también ha criticado que el Consistorio no haya emitido aún una comunicación formal sobre el cierre.

Ante la pregunta sobre si el Gobierno central tiene margen para revertir el cierre, el socialista ha evitado comprometerse y se ha limitado a señalar que "se analizará la decisión cuando llegue". Martín ha recurrido además a una comparación con otros centros similares activos en España —cuatro en total, según dijo— que, a diferencia del de Pozuelo, "funcionan con total normalidad".

Precisamente este miércoles, al ser preguntada por la negativa de la CAM a acoger a estos menores, la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz — que recibió una misiva de la consejería de Ayuso por usar a los menores "como mercancía"—, reprochaba la "insumisión" de las comunidades gobernadas por el PP para exigirlas que "cumplan la ley".