La consejera de Familia, Juventud y Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid, Ana Dávila, ha exigido al Gobierno de España que concrete "sin dilaciones" a dónde van a llevar a los 106 menores solicitantes de asilo y ha recordado que el Centro de Recepción, Atención y Derivación (CREADE) de Pozuelo de Alarcón "no dispone de la licencia de actividad correspondiente".
Así se lo ha trasladado este viernes en una carta remitida a la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, a la que ha tenido acceso Libertad Digital, tras la sentencia del Tribunal Supremo que dictó la medida cautelar solicitada por el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso de requerir al Ejecutivo para que garantice en el plazo de 30 días el acceso y permanencia en el Sistema Nacional de Acogida de Protección Internacional de los hasta ahora 106 menores extranjeros no acompañados solicitantes de asilo.
Fuentes de la Secretaría de Estado de Migraciones habían manifestado a Europa Press que el Gobierno central quiere ofrecer plazas de protección internacional para albergar a los menores inmigrantes solicitantes de asilo actualmente a cargo de los servicios de la Comunidad de Madrid en el centro de Pozuelo.
Ante esta propuesta, Dávila ha recordado en su misiva que dicha instalación no dispone de la licencia de actividad correspondiente, lo que "hace aún más necesario clarificar los recursos y dispositivos que se van a poner en marcha para garantizar una atención adecuada, segura y conforme a la legalidad".
"Resulta imprescindible que el Gobierno de España concrete sin dilaciones cómo y cuándo va a dar cumplimiento efectivo a lo ordenado judicialmente. Desde la Consejería manifestamos nuestra plena disposición a colaborar de forma inmediata con su Ministerio para organizar, de manera rápida y segura, la atención de los menores solicitantes de protección internacional", ha expresado.
Según el Ejecutivo autonómico, el número de menores afectados asciende a 106, una cifra que "continúa incrementándose, dado que siguen registrándose nuevas solicitudes de protección internacional". "Esta realidad hace imprescindible la apertura de un cauce directo y estable de coordinación entre ambas administraciones que permita dar respuesta ágil y eficaz a las nuevas peticiones que se vayan produciendo", ha insistido la consejera.
Asimismo, ha solicitado que se informe "con la mayor brevedad posible" de los medios materiales, personales y dispositivos específicos que el Gobierno de España prevé habilitar para la atención de estos menores en el marco del Sistema Nacional de Acogida.
"Si bien la guarda en el ámbito de la protección internacional corresponde al Gobierno de España, la tutela de estos menores sigue recayendo en la Comunidad de Madrid, que actuará en todo momento en defensa de su interés superior y será especialmente vigilante para que la actuación del Gobierno de España se desarrolle en condiciones adecuadas y acordes a la legalidad vigente", ha recalcado Dávila.
Asimismo, ha defendido que Madrid está asumiendo con responsabilidad una "presión asistencial extraordinaria" en materia de atención a menores extranjeros no acompañados, por lo que "el cumplimiento efectivo y sin demora del auto del Tribunal Supremo resulta esencial para garantizar los derechos de estos menores y una correcta asunción de responsabilidades de las administraciones".