Madrid denuncia que el Gobierno de Sánchez desoye y 'trampea' al Supremo sobre los menores solicitantes de asilo

El pasado 18 de diciembre el Tribunal Supremo respaldó la medida cautelar solicitada por la Comunidad de Madrid que preside Isabel Díaz Ayuso y requirió al Gobierno central para que, en el plazo improrrogable de 30 días hábiles, se hiciera cargo de menores extranjeros no acompañados solicitantes de asilo. Así, ordenó garantizar el acceso al Sistema Nacional de Acogida de Protección Internacional de los 106 menores que se encuentran en la región y que habían manifestado su voluntad de acceder a él.

Pero han pasado 40 días y el Ejecutivo no ha dado cumplimiento a esta resolución del Alto Tribunal, "desoyendo de esta manera tanto la protección del principio del superior interés del menor como al propio Supremo", denuncian fuentes del Gobierno regional a Libertad Digital. El plazo finalizaría a principios de febrero y en Moncloa están apurando los tiempos.

Así las cosas, la directora general de Infancia, Familia y Fomento de la Natalidad de la Comunidad de Madrid envió este miércoles un escrito al Ministerio de Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones para instarle a que acelere los trámites para que inicie la acogida de menores solicitantes de asilo.

En ella recuerda que, en cumplimiento de dicha resolución "y en ejercicio de nuestras obligaciones de colaboración", el pasado 30 de diciembre de 2025 se remitió a ese Ministerio un primer listado de diez menores próximos a alcanzar la mayoría de edad, con el fin de facilitar su acceso inmediato y efectivo al SAPI siendo aún menores, tal y como exige expresamente el Auto del Tribunal Supremo.

No obstante, "a través de las comunicaciones recibidas los días 30 de diciembre de 2025, 5 de enero y 13 de enero de 2026, se han asignado citas para el acceso al SAPI exclusivamente a partir del cumplimiento de la mayoría de edad, e incluso en algunos casos más allá del plazo máximo fijado por el Tribunal Supremo", señalan en la misiva revelando así esta práctica, que "resulta contraria tanto al tenor literal como a la finalidad de la medida cautelar acordada, que exige que las actuaciones se desarrollen bajo el principio del interés superior del menor".

"Asimismo, preocupa que en dichas comunicaciones se solicite expresamente documentación acreditativa de la mayoría de edad, lo que confirma que el acceso al sistema se está articulando únicamente una vez extinguida la tutela administrativa, situando a estos jóvenes en un riesgo evidente de desprotección", advierten desde la Consejería.

Por todo ello, en la carta exigen al ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones de Elma Saiz que se adopten con la máxima celeridad las medidas necesarias para garantizar el acceso real y previo al SAPI de los menores solicitantes de protección internacional, en estricto cumplimiento del mandato judicial.

La Administración regional ha tenido que atender en el último año a 117 menores que han pedido protección internacional, "cuando es una competencia exclusiva estatal", exponen fuentes de la Comunidad de Madrid. "Hasta la fecha, el Gobierno no se ha hecho cargo de ni un solo menor solicitante de asilo, no dando cumplimiento al auto del Tribunal Supremo del pasado 18 de diciembre", remarcan.

Por otra parte, el Tribunal Supremo ha rechazado la petición de la Comunidad de Madrid para suspender cautelarmente el inicio del procedimiento para trasladar a doce menores extranjeros no acompañados a esta región desde Ceuta y Canarias, al considerar que provocaría "graves daños". "Lo que ha rechazado el TS son medidas cautelares sobre la iniciación de los expedientes de traslado, pero los Reales Decreto para imponer el reparto forzoso continúan recurridos y en estudio por el TS y por el TC", precisan desde la Administración regional a este periódico.

En este sentido explican que la Comunidad de Madrid ya está cumpliendo con "el reparto forzoso e impuesto que Sánchez pactó con los independentistas catalanes y vascos ", y ya ha atendido a un total 120 menores procedentes de Canarias y de Ceuta, "algunos de ellos trasladados como paquetes y en contra de su voluntad", pues están ya asentados con trabajo en otra comunidad autónoma.