El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 16 de Madrid ha acordado suspender de forma cautelar el cierre del conocido como Creade de Pozuelo de Alarcón. Una decisión provisional que el Consistorio municipal acata —aunque no comparte— y que ha servido para intensificar el enfrentamiento político, especialmente tras las palabras del delegado del Gobierno en Madrid.
El auto judicial acepta las medidas cautelares solicitadas por el Ministerio de Inclusión y deja en suspenso la orden de cierre dictada el pasado julio por el Ayuntamiento de Pozuelo. Hasta que haya sentencia firme, el centro de refugiados de la localidad seguirá funcionando y alojando a las personas actualmente acogidas.
El origen del conflicto se remonta al pasado verano, cuando el mencionado Consistorio ordenó el cese de su actividad al constatar que carece de licencia municipal para su uso como centro residencial de inmigrantes. Según ha recordado, el edificio cuenta con autorización para 270 camas vinculadas a cursos de la Tesorería General de la Seguridad Social, pero el Ministerio de Migraciones de Elma Saiz lo transformó en un centro de acogida.
Durante ese periodo, añade el Ayuntamiento, el propio Gobierno central llegó a autorizar hasta 564 plazas, existiendo incluso documentos oficiales firmados por la secretaria de Estado en los que se reconocía que la "ocupación real" en aquel momento superaba las 400 personas. Además, en verano y de nuevo en diciembre, el Ministerio llegó a planear públicamente acoger allí a cientos de menores inmigrantes no acompañados procedentes de Canarias.
Con este contexto, desde Pozuelo subrayan que la orden de cierre respondió exclusivamente al incumplimiento de la normativa y al "riesgo de hacinamiento" generado por el Ejecutivo central. Tras conocerse ahora la decisión judicial, avanzan que recurrirán el auto ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid.
La portavoz del Gobierno local, Macarena Lora, ha reconocido que el Ayuntamiento ya contaba con que el centro pudiera seguir abierto de forma cautelar, "pese a carecer de licencia". Aun así, ha querido mandar un mensaje de "absoluta tranquilidad" a los vecinos, pues el Consistorio seguirá "peleando en todos los frentes" para que el Ejecutivo de Pedro Sánchez "cumpla la ley como cualquier" ciudadano.
Por su parte, el delegado del Gobierno, Francisco Martín, ha celebrado la noticia porque, a su juicio, demuestra que la Justicia ha vuelto a "frenar" los "ímpetus racistas" del Partido Popular. "Ojalá las ultraderechas dedicaran a la solidaridad, al menos, una décima parte del esfuerzo que invierten en la confrontación", ha manifestado también.
La Justicia vuelve a frenar los ímpetus racistas del PP de Madrid.
Ojalá las ultraderechas dedicaran a la solidaridad, al menos, una décima parte del esfuerzo que invierten en la confrontación.https://t.co/GmefCxZfn2
— Fran Martín Aguirre (@franmartagui) January 23, 2026
En respuesta a estas palabras, fuentes municipales han lamentado en declaraciones a Libertad Digital el desconocimiento del caso por parte de Martín. "El problema del delegado del Gobierno es que no se entera de nada, desconoce por completo el problema del Creade de Pozuelo porque ni su propio Gobierno se lo explica, así es que no le queda más remedio que salir del paso con el mantra del racismo", aseguran.
Las mismas fuentes advierten de que mantener abierto un centro "sin licencia" y con más del doble de plazas autorizadas supone una "temeridad" de la que el Ayuntamiento de Pozuelo no piensa hacerse cargo. "Si él quiere hacerse responsable de lo que pueda pasar en un centro sin licencia ni la capacidad suficiente para acoger hasta 564 inmigrantes en 270 camas, allá él, eso sí que es racismo", concluyen.