Madrid reduce a cinco años el empadronamiento exigido para acceder al alquiler de vivienda protegida

La Comunidad de Madrid reducirá a cinco años el requisito de empadronamiento necesario para solicitar un alquiler en una vivienda protegida. Así lo ha anunciado este jueves el consejero de Vivienda, Transportes e Infraestructuras, Jorge Rodrigo, durante la sesión de control en el Pleno de la Asamblea.

Rodrigo ha explicado que el Ejecutivo autonómico trabaja ya en el nuevo Reglamento de Vivienda Pública, cuya aprobación está prevista para julio, tal y como avanzó la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso. Según ha subrayado, el Gobierno madrileño ha cumplido ya "en un 95%" el primer plan de choque con medidas para impulsar el acceso a la vivienda.

"Queremos un empadronamiento que baje hasta los cinco años cuando hablemos de viviendas en alquiler y que no se exija para modelos de residencias de estudiantes o viviendas compartidas", ha señalado el consejero, que ha recordado que el texto continúa abierto a enmiendas.

Rodrigo ha defendido que la Comunidad apuesta por "el arraigo" de los madrileños y por facilitar su acceso a la vivienda pública, frente a lo que ha descrito como el compromiso del PSOE con "regularizaciones masivas de más de 500.000 inmigrantes que nada van a aportar a los madrileños".

Excepciones al requisito general de diez años

Fuentes de la Consejería de Vivienda han detallado que el Gobierno regional introducirá excepciones al actual requisito de diez años de empadronamiento para acceder a vivienda protegida en régimen de compra o uso propio.

No se exigirá este periodo a quienes, antes de la entrada en vigor del reglamento, hayan firmado contratos de compraventa u opción de compra, dispongan de títulos de adjudicación o hayan realizado aportaciones económicas a cuenta del precio de la vivienda. Tampoco afectará a miembros de cooperativas que ya hubieran desembolsado cantidades destinadas a la adquisición del suelo o de la propia vivienda.

En los casos en los que sí sea obligatorio cumplir el requisito, bastará con que lo haga uno de los miembros de la unidad de convivencia.

Con estas modificaciones, el Ejecutivo madrileño asegura que refuerza "la seguridad jurídica", protege a quienes ya habían asumido compromisos previos y adapta la normativa "a las distintas fórmulas residenciales actuales", con el objetivo de garantizar un acceso "más ágil y realista" a la vivienda protegida.

Un marco adaptado a la realidad actual

Durante su intervención en el Pleno, Rodrigo ha avanzado que el nuevo reglamento definirá un marco regulatorio actualizado para la vivienda con protección pública en la región. El objetivo, ha dicho, es impulsar la construcción, facilitar la gestión y aumentar la oferta pública disponible.

Entre las novedades, ha destacado la simplificación de trámites administrativos mediante la incorporación de la declaración responsable para la calificación definitiva de viviendas y para otros procedimientos, como el visado de contratos de acceso.