Un informe sobre el sistema eléctrico activa las alarmas en Sol: "La situación es crítica"
La propuesta de planificación eléctrica del Gobierno, a la que Madrid ya ha enviado alegaciones, compromete la construcción de 116.000 viviendas.
El Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid — equivalente a nivel autonómico al Consejo de Ministros— conoció este miércoles, durante su reunión semanal, un preocupante informe sobre la situación energética de la región, elaborado por la Consejería de Medio Ambiente, Agricultura e Interior, que más tarde trasladó en rueda de prensa el consejero del ramo Carlos Novillo.
Este texto se da a conocer cuando se cumple un año de la visita de la presidenta Isabel Díaz Ayuso a la central nuclear de Almaraz, cuyo cierre escalonado está previsto que comience a finales de 2027. En dicho informe se advierte del riesgo que supone la propuesta de planificación eléctrica para el periodo 2025/30 planteada por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, a la que el Ejecutivo autonómico presentó alegaciones el pasado 18 de diciembre.
"La situación, lejos de mejorar, en este año ha empeorado con un apagón de por medio y una situación de colapso energético que consideramos absolutamente crítica y que deben conocer los ciudadanos", comenzó alertando el consejero.
Deja fuera 116.000 nuevas viviendas
En concreto, denuncian desde la CAM, el plan propuesto por el Ministerio deja fuera 116.000 nuevas viviendas previstas en los desarrollos del Sureste —Valdecarros, Los Berrocales, Los Ahijones, Los Cerros y El Cañaveral—, cuya puesta en marcha podría retrasarse más allá de 2030. Para el Gobierno regional, esta situación resulta inadmisible en un contexto de crisis de acceso a la vivienda.
Asimismo, la propuesta compromete iniciativas estratégicas vinculadas a la digitalización y la inteligencia artificial, afectando a proyectos clave para el desarrollo económico y el avance tecnológico de la región.
"En nuestras alegaciones que presentamos al Ministerio, se recogen precisamente todas las reuniones que hemos tenido con los diferentes sectores", el industrial y el residencial, trasladó Novillo, que señaló que la preocupación en este último es "máxima". "Por suerte, están empezando con aquellas parcelas, aquellos sectores que sí tienen acceso a la energía eléctrica, con la esperanza de que esas alegaciones, como dijo el secretario de Estado, sean atendidas".
Pero el tiempo pasa, el decreto lleva un año de retraso y la incertidumbre en el sector se incrementa. Siguen "sin saber si van a tener acceso a la energía eléctrica", lamentó el consejero a la vez que resaltó que es "algo que nunca había sucedido en España, que una vivienda no pueda construirse porque no tenga un enganche de luz. Y los empresarios se están desgañitando", dijo Novillo, que considera que "nos va a generar un lastre para la próxima década del cual nos arrepentiremos".
El "elefante en la habitación"
En este sentido, el responsable de Medio Ambiente, Agricultura e Interior de la Comunidad de Madrid calificó la política energética del Gobierno de Pedro Sánchez de "elefante en la habitación" y de "agujero negro que nos detendrá en seco a Madrid y a todo el país, en una estrategia de tierra quemada que solo se puede explicar si es con la firme voluntad de dejar una herencia de pobreza energética y crisis económica sin precedentes al gobierno que le suceda".
"Los madrileños deben estar preparados porque no se nos da ninguna seguridad de que lo que ocurrió ese 28 de abril no vuelva a suceder", añadió también a preguntas de la prensa sobre un posible nuevo apagón. "Deben tener esa alerta de que esto puede volver a suceder y deben estar preparados. También la administración autonómica va a responder si esto sucede y les va a proteger. Pero mientras esto esté en manos de responsables que no nos dicen exactamente qué es lo que sucedió y cuáles han sido las medidas correctoras para que no se repita, deben estar preocupados. Y mirando más allá debe estar muy preocupada la sociedad española en cuanto a lo que nos espera los próximos años por no haber hecho un trabajo, como ha sucedido también en las estructuras ferroviarias, de planificación, de anticipación y de poner a disposición esa energía", que "no se ha puesto el foco donde hacía falta, que es en los sitios de producción de energía, poder llevar a los sitios donde se consume energía esas redes y esas subestaciones que nos permiten el desarrollo social y económico".
La Comunidad de Madrid viene advirtiendo desde hace meses de la insuficiente inversión en redes eléctricas, puntos de conexión y capacidad para gestionar los picos de generación renovable, una situación que, a su juicio, pone en riesgo la continuidad del suministro. En este sentido, recuerda que el pasado 28 de abril se produjo un apagón y que, durante las primeras semanas de 2026, ya se han registrado dos activaciones del Sistema de Respuesta Activa de la Demanda (SRAD), mecanismo que permite la suspensión del suministro eléctrico durante un máximo de tres horas diarias.
El informe presentado este miércoles subraya, además, que la energía nuclear es imprescindible para garantizar la estabilidad del sistema eléctrico a corto y medio plazo. Y es que actualmente, más del 40% del suministro de la región procede de las centrales de Almaraz I y II y de Trillo, sin que exista una alternativa viable capaz de sustituir esa capacidad de respaldo en los próximos 15 o 20 años.
En este contexto, Carlos Novillo ha trasladado mediante una carta remitida la pasada semana a la ministra de Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, la necesidad de impulsar la continuidad de la energía nuclear en España y ha solicitado al Consejo de Seguridad Nuclear un pronunciamiento urgente sobre la situación de Almaraz.
Como recoge el documento, el cierre de las centrales nucleares provocaría un incremento del coste de la electricidad de en torno al 23% para los hogares, del 35% para la industria y del 20% para el sector servicios. Además, dificultaría el cumplimiento de los objetivos de descarbonización, al implicar la emisión adicional de aproximadamente 22 millones de toneladas anuales de CO₂.
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