Izurieta y el ministro de Defensa, Francisco Vidal, comparecieron ante la Comisión de Defensa de la Cámara de Diputados para dar explicaciones tras conocerse que seis represores procesados están contratados por el Ejército y otros siete cobran un sueldo por honorarios. "El Ejército ha considerado la presunción de inocencia y se ha regido estrechamente a los procesos de contratación", explicó Izurieta.
"Sin embargo, en virtud de las orientaciones y las nuevas disposiciones que el Gobierno ha estimado pertinente a estos casos, se ha resuelto cesar todos los contratos de las personas sometidas a proceso que estaban a contrata", agregó.
El jefe del Ejército aseguró que, en lo referido a las contrataciones, la institución ha actuado siempre con respeto al Estado de derecho y apegado a la legislación vigente sobre la materia. En ese sentido, recordó que se estableció que no se desvincularía a los militares en activo, excepto a los generales, que estén procesados pero no condenados por la justicia, criterio que luego se amplió al personal retirado contratado o que cobra por honorarios. "El haber pertenecido a una agencia de inteligencia no es causa de desvinculación del servicio activo, se desvincula a una persona del servicio activo cuando es condenada en primera instancia", reiteró el ministro de Defensa, Francisco Vidal.
Sin embargo, precisó que este criterio dejará de regir para el personal retirado contratado por el Ejército y que esté procesado en casos de violaciones a los derechos humanos, como los 13 que serán desvinculados de la institución. "Hay ahora un cambio de mirada, el Ejército es una institución que en un Estado de derecho está sujeta al poder político y hay un cambio de mirada al respecto", indicó Izurieta.
El diario La Nación reveló recientemente que el Ejército paga sueldos de hasta 2.200 dólares mensuales a varios represores de la dictadura militar (1973-1990), algunos de los cuales se encuentran procesados. La lista publicada por el diario incluye los nombres de ex agentes de la policía secreta, de un médico que torturó a prisioneros y de un fiscal que falsificó documentos para encubrir el crimen del diplomático español Carmelo Soria, secuestrado y asesinado en 1976.