En su resolución, los nueve magistrados del tribunal votaron por cinco votos a favor y cuatro en contra, por extender a todo el país el derecho a llevar armas como una garantía fundamental, declarando así inconstitucional una prohibición para armas cortas implantada por Chicago y Oak Park (estado de Illinois) hace 28 años.
No obstante, el Tribunal Supremo no ha anulado formalmente la ley, una de las más estrictas en todo el país, sino que ha ordenado a una corte federal de apelaciones que revise su decisión anterior. Pese a ello, caben pocas dudas de que la ley será finalmente derogada por decisión judicial.
El juez Samuel Alito, que redactó el auto en nombre de la mayoría, afirmó que la Segunda Enmienda se aplica tanto al Gobierno federal como a los estados. La decisión fue dividida, ya que cinco magistrados considerados conservadores moderados votaron a favor de extender el derecho a llevar armas y los otros cuatro, izquierdistas, opinan que cabe poder restringirlo.
Los nueve magistrados del Supremo tuvieron que analizar la Segunda Enmienda de la Constitución, que establece que "siendo necesaria una milicia bien regulada para la seguridad de un Estado libre, no se violará el derecho del pueblo a poseer y portar armas".
Los partidarios de controlar el uso de las armas argumentan que la enmienda fue establecida para asegurar que los estados pudieran mantener milicias o cuerpos de seguridad, en respuesta al temor y recelo que abrigaban en el siglo XVIII de tener que hacer frente a un Gobierno federal todopoderoso. Mientras, los que están a favor del derecho a llevar armas alegan que el artículo en cuestión otorga a los ciudadanos la prerrogativa de llevar armas para uso privado, incluida la defensa propia.
Con su decisión, el Tribunal Supremo amplía a todo el país su histórica determinación de 2008, cuando indicó que los ciudadanos estadounidenses tienen derecho a tener armas, tanto para defenderse como para cazar, al declarar inconstitucional una de las leyes restrictivas más estrictas del país, la del Distrito de Columbia, que prohibía las armas cortas en su jurisdicción desde 1976.
Después de la sentencia que anulaba la ley de Washington, los partidarios del derecho a portar armas registraron casi inmediatamente demandas en tribunales federales contra la legislación de Chicago y de su suburbio Oak Park. Tribunales inferiores decidieron declarar constitucionales estas leyes e indicaron que los jueces se tenían que fundar en precedentes emitidos por el Supremo y por ello correspondía al Alto Tribunal interpretar definitivamente la Segunda Enmienda.
El Supremo ya había dicho que la mayor parte de las garantías contempladas o establecidas en la Constitución no pueden ser restringidas por leyes estatales, locales y gubernamentales.