L D (EFE) En la querella presentada por la FNCA, se solicita al juzgado al que vaya a corresponder su tramitación que acuerde de forma inmediata la detención de Castro si éste asistiera a la Cumbre Iberoamericana que se celebra desde hoy en Salamanca.
En caso de que esa visita no se produzca, se pide también al juzgado que libre órdenes internacionales de detención contra el dictador cubano y los otros tres querellados: el “número dos” del régimen y hermano del dictador, Raúl Castro; el ministro de Turismo, Osmani Cienfuegos, y el embajador de ese país ante las Naciones Unidas en Ginebra, Carlos Amat.
No obstante, el fiscal general del Estado, Cándido Conde Pumpido se apresuró este jueves a tranquilizar a la dictadura cubana. Según Pumpido la querella no tiene viso alguno de prosperar, a pesar de la reciente sentencia del Tribunal Constitucional (TC) que establece la jurisdicción universal de los tribunales españoles, ya que esa jurisdicción "no afecta a los jefes de Estado en ejercicio". Aún así, la Fundación ha interpuesto la querella basándose en la sentencia del Constitucional, que permite investigar en España delitos de lesa humanidad cometidos en el extranjero sin necesidad de que haya víctimas españolas, después de que en 1998 presentaran una similar que fue desestimada al no haber españoles entre los perjudicados.
De hecho, el director ejecutivo de la Fundación Nacional Cubanoamericana (FNCA), Alfredo Mesa, señaló a los periodistas tras presentar la querella que "aprovechamos esta sentencia (la del TC), ya que los tribunales (españoles) son competentes para juzgar a los jefes de Estado que son criminales que han hecho de América Latina, en este caso Fidel Castro con Cuba, un pueblo que sufre, un pueblo que diariamente tiene que contar con muertos y con fusilados". "Ya es hora de que una Corte, ya para siempre, deje que las víctimas del régimen castrista tengan su voz ante un juez y un jurado para que señale al verdadero culpable del terror que ha ido viviendo el pueblo cubano desde hace 46 años", destacó.
En la querella se incluyen testimonios y denuncias de víctimas de la represión del régimen de Castro referentes a la situación de los presos políticos, a la existencia de campos de exterminio y fusilamientos y la utilización de la tortura. También hace referencia al hundimiento, el 13 de julio del 1994, del remolcador "13 de marzo" en el que murieron 42 personas cuando trataban de salir de Cuba, entre ellas 23 niños, y del que se culpa a las patrulleras del Gobierno cubano. La querella solicita también la desclasificación de documentos secretos de Estados Unidos y la entrega por parte de organismos internacionales, como Amnistía Internacional o la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, de informes sobre los hechos denunciados.
En caso de que esa visita no se produzca, se pide también al juzgado que libre órdenes internacionales de detención contra el dictador cubano y los otros tres querellados: el “número dos” del régimen y hermano del dictador, Raúl Castro; el ministro de Turismo, Osmani Cienfuegos, y el embajador de ese país ante las Naciones Unidas en Ginebra, Carlos Amat.
No obstante, el fiscal general del Estado, Cándido Conde Pumpido se apresuró este jueves a tranquilizar a la dictadura cubana. Según Pumpido la querella no tiene viso alguno de prosperar, a pesar de la reciente sentencia del Tribunal Constitucional (TC) que establece la jurisdicción universal de los tribunales españoles, ya que esa jurisdicción "no afecta a los jefes de Estado en ejercicio". Aún así, la Fundación ha interpuesto la querella basándose en la sentencia del Constitucional, que permite investigar en España delitos de lesa humanidad cometidos en el extranjero sin necesidad de que haya víctimas españolas, después de que en 1998 presentaran una similar que fue desestimada al no haber españoles entre los perjudicados.
De hecho, el director ejecutivo de la Fundación Nacional Cubanoamericana (FNCA), Alfredo Mesa, señaló a los periodistas tras presentar la querella que "aprovechamos esta sentencia (la del TC), ya que los tribunales (españoles) son competentes para juzgar a los jefes de Estado que son criminales que han hecho de América Latina, en este caso Fidel Castro con Cuba, un pueblo que sufre, un pueblo que diariamente tiene que contar con muertos y con fusilados". "Ya es hora de que una Corte, ya para siempre, deje que las víctimas del régimen castrista tengan su voz ante un juez y un jurado para que señale al verdadero culpable del terror que ha ido viviendo el pueblo cubano desde hace 46 años", destacó.
En la querella se incluyen testimonios y denuncias de víctimas de la represión del régimen de Castro referentes a la situación de los presos políticos, a la existencia de campos de exterminio y fusilamientos y la utilización de la tortura. También hace referencia al hundimiento, el 13 de julio del 1994, del remolcador "13 de marzo" en el que murieron 42 personas cuando trataban de salir de Cuba, entre ellas 23 niños, y del que se culpa a las patrulleras del Gobierno cubano. La querella solicita también la desclasificación de documentos secretos de Estados Unidos y la entrega por parte de organismos internacionales, como Amnistía Internacional o la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, de informes sobre los hechos denunciados.