L D (EFE) La "Operación Colombo" fue un montaje de la DINA, la policía secreta de la dictadura chilena, con la colaboración de servicios análogos de Argentina y Brasil, para encubrir en 1975 la desaparición de 119 opositores al régimen de Pinochet.
El montaje incluyó la publicación por única vez, en junio de ese año, de las revistas "Lea", en Argentina, y "O Novo Dia", en Brasil, en las que se difundieron los nombres de las víctimas, bajo el falso supuesto de que habían muerto en sangrientas purgas internas del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR), organización que combatió con las armas la dictadura encabezada por Pinochet.
La prensa chilena de la época acogió ampliamente las falsas versiones, bajo titulares como "Exterminan a 'miristas' como ratas", cuando lo cierto era que los 119 habían sido detenidos meses o semanas antes en Chile y sus familias habían presentado recursos de amparo que fueron rechazados por los tribunales.
En este juicio, Pinochet fue despojado el pasado 6 de julio de la inmunidad que lo protege como ex presidente, en una estrecha votación de once votos contra diez en la Corte de Apelaciones de Santiago de Chile. De ser confirmado el desafuero por la Corte Suprema, el ex dictador quedará a disposición del juez Víctor Montiglio, que tiene a su cargo varias causas que involucran a Pinochet desde que se jubiló, hace algunos meses, el juez Juan Guzmán Tapia.
Este último procesó en este juicio, antes de jubilarse, al general retirado Manuel Contreras, ex jefe de la DINA, al militar de igual grado César Manríquez, a los ex brigadieres Pedro Espinoza y Miguel Krasnoff, al ex coronel Marcelo Moren y al suboficial Basclay Zapata. Los abogados querellantes en esta y otras causas de derechos humanos solicitaron hace algunas semanas al juez Montiglio que se inhabilitara, sobre la base de que siempre se ha opuesto a los desafueros de Pinochet y ha sido partidario de aplicar la ley de amnistía que la dictadura impuso en 1978 para dar impunidad a los represores. El magistrado rechazó la solicitud de los abogados.
Según se explicó en los tribunales, no hay seguridad de que la audiencia de la Corte Suprema en este caso se concrete el 7 de septiembre, pues la parte querellante tiene también la opción de solicitar el aplazamiento por una vez. La Corte Suprema tiene también pendiente la audiencia para revisar en última instancia el desafuero de Pinochet en el juicio abierto por delitos tributarios, tras el descubrimiento de sus millonarias cuentas secretas en el extranjero.
El montaje incluyó la publicación por única vez, en junio de ese año, de las revistas "Lea", en Argentina, y "O Novo Dia", en Brasil, en las que se difundieron los nombres de las víctimas, bajo el falso supuesto de que habían muerto en sangrientas purgas internas del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR), organización que combatió con las armas la dictadura encabezada por Pinochet.
La prensa chilena de la época acogió ampliamente las falsas versiones, bajo titulares como "Exterminan a 'miristas' como ratas", cuando lo cierto era que los 119 habían sido detenidos meses o semanas antes en Chile y sus familias habían presentado recursos de amparo que fueron rechazados por los tribunales.
En este juicio, Pinochet fue despojado el pasado 6 de julio de la inmunidad que lo protege como ex presidente, en una estrecha votación de once votos contra diez en la Corte de Apelaciones de Santiago de Chile. De ser confirmado el desafuero por la Corte Suprema, el ex dictador quedará a disposición del juez Víctor Montiglio, que tiene a su cargo varias causas que involucran a Pinochet desde que se jubiló, hace algunos meses, el juez Juan Guzmán Tapia.
Este último procesó en este juicio, antes de jubilarse, al general retirado Manuel Contreras, ex jefe de la DINA, al militar de igual grado César Manríquez, a los ex brigadieres Pedro Espinoza y Miguel Krasnoff, al ex coronel Marcelo Moren y al suboficial Basclay Zapata. Los abogados querellantes en esta y otras causas de derechos humanos solicitaron hace algunas semanas al juez Montiglio que se inhabilitara, sobre la base de que siempre se ha opuesto a los desafueros de Pinochet y ha sido partidario de aplicar la ley de amnistía que la dictadura impuso en 1978 para dar impunidad a los represores. El magistrado rechazó la solicitud de los abogados.
Según se explicó en los tribunales, no hay seguridad de que la audiencia de la Corte Suprema en este caso se concrete el 7 de septiembre, pues la parte querellante tiene también la opción de solicitar el aplazamiento por una vez. La Corte Suprema tiene también pendiente la audiencia para revisar en última instancia el desafuero de Pinochet en el juicio abierto por delitos tributarios, tras el descubrimiento de sus millonarias cuentas secretas en el extranjero.