L D (EFE) Un subcomité del Senado estadounidense que investigaba irregularidades en el Riggs Bank descubrió varias cuentas secretas a nombre de Augusto Pinochet y de su esposa, Lucía Hiriart, a quienes al parecer giró desde 1998 a 2002 entre cuatro y ocho millones de dólares.
Según fuentes parlamentarias estadounidenses, Pinochet declaró ante el Riggs Bank un patrimonio de entre 50 y 100 millones de dólares, lo que según diversos dirigentes políticos chilenos, supone un indicio de corrupción, por tratarse de un funcionario público que jamás habría podido reunir esa suma de forma honrada.
Basándose en los resultados de esa investigación, dos abogados chilenos, Carmen Hertz y Alfonso Insunza, han presentado en Santiago de Chile una querella contra Pinochet por los delitos de "fraude, malversación de fondos y cohecho". Por ocho votos contra tres, el Consejo de Defensa del Estado decidió en su sesión del pasado lunes presentar una denuncia ante el juez Muñoz, nombrado por la Corte de Apelaciones de Santiago, y solicitar algunas diligencias para avanzar en el caso, aunque no entregó más detalles.
Con anterioridad, Augusto Pinochet estuvo 17 meses detenido en Londres, desde octubre de 1998 a marzo de 2000, periodo que duró el proceso para su extradición a España por cargos de lesa humanidad, pero finalmente el Gobierno británico le permitió volver a Chile por razones de salud.
Una sobrina de Pinochet: un funcionario no puede juntar tanto dinero
Por su parte, los abogados de Pinochet han afirmado que el ex dictador "no recuerda" las operaciones financieras que hizo en el Banco Riggs. Pinochet, de 88 años, "no ha podido colaborar" con sus parientes para aclarar el asunto, porque "su estado de salud se lo impide", según el abogado del ex dictador, Pablo Rodríguez.
Marco Antonio Pinochet, hijo menor del ex gobernante, ha declarado que su padre “es un hombre honorable, que no robó dinero ni participó en actos de corrupción", pero, sin embargo, una sobrina de Pinochet, Mónica Madariaga, que durante su dictadura fue ministra de Justicia y Educación y embajadora de Chile, no coincidió con su primo y ha dicho “un empleado público no puede juntar ocho millones de dólares".
Sobre este asunto, el presidente de Chile, Ricardo Lagos, ha señalado que nadie, en el país sudamericano, “está por encima de la ley" y que todos deben responder de sus actos "de acuerdo con la legislación".