L D (EFE) Esta es la primera resolución por este caso que adopta el juez especial Juan Guzmán, que investiga desde 1998 la desaparición de más de un centenar de chilenos que fueron arrestados en los países vecinos en los años 70 en lo que se llamó Operación Cóndor.
Esta operación consistió en la coordinación de los servicios de información de las dictaduras del Cono Sur para la caza y exterminio de izquierdistas en Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay. El magistrado Guzmán procesó al ex jefe de la Dirección Nacional de Inteligencia (DINA), el general retirado Manuel Contreras, y a los brigadier Pedro Espinoza y Christoph Willikier, quien era miembro del Departamento Exterior de la DINA, la policía secreta.
El fallo establece que los tres oficiales fueron responsables como autores del secuestro y la posterior desaparición de los miembros del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR) Juan Hernández, Luis Muñoz y Manuel Tamayo. Además de Edgardo Enríquez, Alexeis Jaccard, Jacobo Stoulman, Matilde Pessa, Julio Valladares y Jorge Fuentes. Según la resolución, los nueve izquierdistas fueron detenidos entre 1975 y 1977 en Argentina, Bolivia y Paraguay por los servicios de inteligencia de esos países, tras lo cual fueron entregados a agentes de la DINA, quienes los trasladaron a Chile. Una vez en Chile, fueron llevados a "Villa Grimaldi", el peor centro de tortura de la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990), lugar desde donde se pierden sus rastros.
La resolución señala que Juan Hernández, Luis Muñoz, Manuel Tamayo y Edgardo Enríquez fueron detenidos en Buenos Aires en abril de 1976. Alexies Jaccard, Matilde Pessa y Jacobo Stoulman fueron apresados también en esa ciudad, pero en mayo de 1977. La detención de Julio Valladares fue en julio de 1976 en Bolivia y la de Jorge Fuentes en mayo de 1975 en Asunción. El juez Juan Guzmán, que investiga numerosas causas que involucran a Pinochet en los crímenes cometidos durante su régimen, exoneró la semana pasada en primera instancia al general en un proceso por el secuestro y desaparición de una decena de dirigentes del Partido Comunista en 1976. A Guzmán no le quedaba otra opción debido al rechazo, tanto por parte de la Corte de Apelaciones como de la Corte Suprema, a levantar la inmunidad que protege al anciano militar en su condición de ex presidente. "Lo único que corresponde jurídicamente es el sobreseimiento definitivo", dijo el juez.
El pasado 22 de octubre, el máximo tribunal cerró definitivamente la puerta al eventual desafuero de Pinochet por este caso al declarar improcedente, por una cuestión de forma, una tercera petición en tal sentido. La Corte Suprema convalidó así un fallo de la Corte de Apelaciones, que el 27 de agosto rechazó la retirada de la inmunidad al general, de acuerdo con el dictamen que en 2001 lo declaró afectado por una demencia vascular "progresiva e irreversible". El abogado Eduardo Contreras anunció que presentará este miércoles una nueva solicitud de desafuero de Pinochet, en nombre de los familiares de las víctimas de la llamada Operación Cóndor. "La idea es que se le pueda procesar por este caso, dada la lucidez que mostró en una reciente entrevista a un canal de televisión de Miami (EEUU", afirmó el letrado.