L D (EFE)
En un mensaje al país, Lagos destacó que la propuesta que entregará al Parlamento no busca ser una solución "definitiva" a los asuntos aún pendientes sobre violaciones a los derechos humanos. "Este un paso más en este largo proceso en que el Estado de Chile responde a quienes fueron víctimas" de la dictadura de Pinochet (1973-90), señaló Lagos, al dar a conocer la iniciativa, para cuya elaboración ha escuchado a todos los sectores del país, incluidos los militares.
El proyecto, que se da a conocer a un mes de cumplirse el 30 aniversario del golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973 que encabezó Pinochet, establece mecanismos para acelerar las causas de derechos humanos aún abiertas en los tribunales. La propuesta de Lagos incluye que quienes hayan participado indirectamente o bajo presión -y no de manera intelectual o planificada- en algún crimen perpetrado por la dictadura puedan entregar antecedentes a cambio de un trato especial.
Hasta hoy 180 militares han sido procesados o condenados por delitos cometidos durante el régimen de Pinochet. Según el informe Rettig, que en 1991 documentó las violaciones de los derechos humanos cometidas durante el régimen militar, en Chile se registraron 3.197 víctimas, de las cuales 1.197 corresponden a detenidos desaparecidos.
La iniciativa del Gobierno propone también la ratificación de tratados internacionales que Chile ha suscrito y no ha ratificado sobre estos asuntos, como el Tribunal Penal Internacional, y plantea la creación del Instituto Nacional de Derechos Humanos para promover los derechos del hombre en Chile. También la creación de una Comisión, que estaría integrado por representantes de todos los sectores políticos, incluida los partidos de la oposición de derecha, que analizará individualizadamente las posibles indemnizaciones de quienes fueron torturados o presos políticos durante la dictadura.
El proyecto, que se da a conocer a un mes de cumplirse el 30 aniversario del golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973 que encabezó Pinochet, establece mecanismos para acelerar las causas de derechos humanos aún abiertas en los tribunales. La propuesta de Lagos incluye que quienes hayan participado indirectamente o bajo presión -y no de manera intelectual o planificada- en algún crimen perpetrado por la dictadura puedan entregar antecedentes a cambio de un trato especial.
Hasta hoy 180 militares han sido procesados o condenados por delitos cometidos durante el régimen de Pinochet. Según el informe Rettig, que en 1991 documentó las violaciones de los derechos humanos cometidas durante el régimen militar, en Chile se registraron 3.197 víctimas, de las cuales 1.197 corresponden a detenidos desaparecidos.
La iniciativa del Gobierno propone también la ratificación de tratados internacionales que Chile ha suscrito y no ha ratificado sobre estos asuntos, como el Tribunal Penal Internacional, y plantea la creación del Instituto Nacional de Derechos Humanos para promover los derechos del hombre en Chile. También la creación de una Comisión, que estaría integrado por representantes de todos los sectores políticos, incluida los partidos de la oposición de derecha, que analizará individualizadamente las posibles indemnizaciones de quienes fueron torturados o presos políticos durante la dictadura.