Tony Blair otorga prioridad a la seguridad nacional frente a los derechos civiles

L D (EFE) En un acalorado debate en la Cámara de los Comunes, Blair aseguró que sólo en circunstancias excepcionales se haría uso de esos poderes extraordinarios, que justificó por la necesidad que puede tener el Ejecutivo de actuar rápidamente frente a una amenaza terrorista.

El terrorismo de hoy no es como el del IRA del pasado, dijo Blair, sino que es "un terrorismo sin límites", añadió, según el cual "los terroristas matarían a miles de personas si pudiesen". El político laborista aseguró que en cualquier caso, el individuo objeto de una orden de control de ese tipo podría recurrir ante un juez en el plazo máximo de una semana, lo que, en su opinión, ofrecía garantías suficientes de que se respetará la ley.

El líder de la oposición conservadora, Michael Howard, acusó al Primer Ministro de actuar como una apisonadora al tratar que los Comunes despachen un proyecto de ley tan controvertido en sólo dos jornadas de debate –este miércoles y el próximo lunes- y pidió que se les de más tiempo a los legisladores. Blair dijo no aceptar que se hablase de precipitación y recordó al político conservador que tras los atentados del 11 de septiembre de 2001 en Estados Unidos, varios cientos de personas fueron detenidas en Gran Bretaña. "La seguridad de nuestro país está gravemente amenazada, dijo Blair, quien agregó que ésa es la opinión de los servicios de seguridad británicos, en especial los relacionados con el terrorismo.

Charles Kennedy, líder del Partido Liberal Demócrata, que reclama que sean un juez y no el ministro del Interior quien dicte la orden de arresto domiciliario contra un sospechoso, acusó al Gobierno de repetidas reacciones "autoritarias" frente al terrorismo y recordó el plan laborista de introducir carnés de identidad en este país. El ministro del Interior, Charles Clarke, ha asegurado que no piensa hacer uso de la ley por ahora, ni siquiera para aplicarla a los once presuntos terroristas extranjeros detenidos en dos prisiones inglesas sin haber sido sometidos nunca a juicio.

Todos ellos continúan presos en virtud de una ley de 2001 aplicada sólo a extranjeros y que los jueces de la Cámara de los Lores calificaron a finales del año pasado de discriminatoria y contraria a los derechos humanos. Esa ley expirará el próximo 14 de marzo, cuando los actuales detenidos podrían ser puestos en libertad. El arresto domiciliario previsto por el Gobierno para casos extremos y que se aplicaría lo mismo a extranjeros que a británicos supondría en cualquier caso la suspensión por el Reino Unido de uno o varios artículos de la Convención Europea de Derechos Humanos, algo sobre lo que debería votar el Parlamento.