Tal y como temían los regantes del sureste español, el Gobierno ha manipulado el texto del decreto acordado en el Consejo Nacional del Agua aprovechando su paso por el Consejo de Estado, cumpliendo así las exigencias del presidente de Castilla–La Mancha, Emiliano García-Page. El problema para el PSOE es que esa maniobra, perpetrada a espaldas de los afectados, es una bofetada en toda regla a Ximo Puig y al candidato socialista a la presidencia de la Región de Murcia, José Vélez, con los que acordó una redacción normativa completamente distinta.
La clave de este conflicto está en una cláusula introducida en el decreto inicial, que permitía suspender la subida escalonada de los caudales ecológicos del Tajo siempre que las masas de agua mantuvieran unos determinados estándares de calidad. Esa medida daba esperanza a los regantes para seguir aprovechando los excedentes naturales de agua a partir de 2027 a cambio de que las administraciones de la cabecera del Tajo cumplieran con su obligación de depurar y mantener la calidad del agua del río en niveles adecuados.
El texto fue aprobado tal cual por el Consejo Nacional del Agua el 29 de noviembre pasado y provocó una protesta airada del presidente castellano-manchego, el cual habría acudido personalmente al ministerio de Teresa Ribera para poner firmes a la ministra y exigir su modificación a espaldas del órgano que acababa de aprobar la referida norma. La tesis de García-Page es que hay que acabar con el Trasvase Tajo-Segura, sin que en esa decisión influyan motivos técnicos como los establecidos en el decreto. Puig y Vélez trataron de echar balones fuera asegurando que el texto aprobado era definitivo y que las palabras del secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, que anunció la introducción de esos cambios, eran papel mojado. Nada de eso. Tal y como se temía, el Gobierno eliminó la referida cláusula-salvavidas del decreto en la redacción enviada al Consejo de Estado, el último paso previo a su publicación en el BOE, con lo que el trasvase quedará en la práctica sin efecto a partir de 2027.
El presidente valenciano ha solicitado audiencia al Consejo de Estado para conocer la redacción final del decreto y ha exigido el cumplimiento de los acuerdos alcanzados en su día en el seno del Consejo Nacional del Agua. Por su parte, en el PP murciano arremeten contra el candidato socialista a la presidencia de la comunidad, asegurando que "Vélez ha engañado a los ciudadanos de nuestra tierra porque, ante su silencio, el PSOE de Pedro Sánchez ha consumado el ataque a la agricultura y los regantes". Para el PP local, "la tropelía de su jefe de filas con el trasvase es la prueba de la mentira: han eliminado de un plumazo la cláusula que daba un respiro al trasvase".