La coalición electoral Bildu, que integran Eusko Alkartasuna, Alternatiba e 'independientes' escogidos por Batasuna, presentaron este miércoles, poco antes de las 16.00 horas, un recurso ante el Tribunal Constitucional denunciando vulneración de derechos fundamentales en la sentencia dictada por el Tribunal Supremo que anuló las 254 listas que presenta los comicios del próximo día 22 al vincularlas con ETA.
Bildu tenía hasta las doce de esta noche para presentar su recurso en función de los plazos establecidos en la Ley Orgánica de Régimen Electoral General (LOREG), que otorga dos días naturales para poder recurrir en amparo ante el Tribunal Constitucional una vez notificada la resolución del Tribunal Supremo referida a un contenciosos-electorales, informaron fuentes jurídicas a Europa Press.
La resolución recaerá en principio en la Sala Segunda del tribunal de garantías, que presenta una fuerte división ideológica entre sus magistrados, tres de los cuales pertenecen al "ala progresista" de la institución, mientras los otros tres pueden ser etiquetados como "conservadores".
La Sala Segunda está presidida por el magistrado "progresista" Eugeni Gay, y la completan los designados a propuesta del PSOE Elisa Pérez Vera y Luis Ignacio Ortega, además de los nombrados bajo el auspicio del PP Francisco Hernando (ex presidente del Tribunal Supremo), Ramón Rodríguez Arribas y Francisco Pérez de los Cobos. Este último, junto con Ortega y Hernando, se estrenan en cuestiones relacionadas con la izquierda abertzale ilegalizada tras la última renovación consumada en el alto tribunal el pasado mes de enero.
En caso de empate cabría la posibilidad de que Gay utilizara un voto de calidad, en "analogía" con la misma figura que la Ley regula para el presidente del Tribunal Constitucional, aunque también es probable que se avoque el asunto al Pleno, donde existe una mayoría de siete magistrados elegidos a propuesta del PSOE frente a cuatro que se pueden etiquetar de "conservadores", nombrados a propuesta del PP.
La decisión final debe conocerse antes de las 00.00 del sábado, ya que según el artículo 49.4 de la LOREG el Tribunal Constitucional debe resolver el recurso en los tres días siguientes a que éste se presente. Sin embargo, ya que la campaña electoral arranca a las 00.00 del viernes fuentes jurídicas aseguraron a Libertad Digital que la intención de los magistrados del TC es fallar sobre Bildu antes de que ésta empiece.
Los argumentos del recurso
La coalición electoral alega que se vulneran sus derechos a participar en asuntos públicos, a acceder a los cargos en condiciones de igualdad así como las libertades ideológicas, de expresión y de asociación. Y precisa que no sólo se vulneran los derechos de los independientes, sino también de "las formaciones políticas legales".
Según el recurso, al que ha tenido acceso Europa Press, Bildu considera que las resoluciones judiciales que se impugnan infringen los artículos 23.1 y 2 de la Constitución Española, en relación con los artículos 16, 20.1a y 22, así como los artículos 10 y 11 del Convenio Europeo de Derechos Humanos.
Es decir, alega que con la sentencia del Tribunal Supremo se está privando a la coalición del derecho colectivo de participación política de las "dos formaciones legales" que la integran; que se priva también del derecho individual de sufragio activo a quienes integran el sector del electorado que deseara votar a esa opción y también se niega el ejercicio del derecho individual de sufragio pasivo "no solamente a quienes sean independientes de ambas formaciones política, sino también a los de las formaciones políticas legales".
Además, alegan que supone la vulneración de la libertad ideológica, garantizada en la Constitución en el artículo 16; el derecho a difundir y expresar libremente los pensamientos, ideas y opiniones, recogido en el artículo 20.1.a de la CE; así como los derechos de libertad de expresión y de reunión y asociación recogidos en el Convenio Europeo de Derechos Humanos.
Entre los argumentos contenidos en el citado recurso, la coalición expone que la sentencia del TS tiene una "evidente repercusión social y política" en el País Vasco y Navarra, ya que afecta a un total de 257 candidaturas y a más de 3.500 candidatos. En este sentido, precisan que es "innegable y manifiesta" la incidencia en la configuración de las instituciones representativas que produce la anulación de sus listas.
Además, no dejan de recordar que esta es la "segunda ocasión" que se pide el "amparo electoral" por parte de una coalición de partidos cuyas candidaturas fueron anuladas por el TS y cita expresamente lo ocurrido con la coalición Iniciativa Internacionalista-La Solidaridad entre los Pueblos, que se presentó a las elecciones al Parlamento Europeo de 2009 y la decisión del Tribunal Supremo fue "revocada" por el Alto Tribunal.