Condenados a 843 años de cárcel los etarras que atentaron en Santa Pola

La Sección Segunda de la Audiencia Nacional ha condenado este viernes a 843 años de cárcel a los etarras Andoni Otegi, 'Iosu', y Óscar Celarain, 'Peio', al considerar probado "sin ningún género de duda" que fueron los autores del atentado contra la casa-cuartel de la Guardia Civil de Santa Pola (Alicante), que la banda perpetró el 4 de agosto de 2002.

La sentencia, con ponencia del magistrado Julio de Diego, atribuye a los dos terroristas, el asesinato de Silvia Martínez Santiago, de seis años de edad, y de Cecilio Gallego, de 57, así como otros 51 delitos en grado de tentativa y un delito de estragos terroristas.

En la resolución, el tribunal considera que con la colocación del coche bomba los etarras "trataron de causar el mayor número de muertes posibles". Por esta razón, Celarain y Otegi colocaron el vehículo bomba "sin previo aviso junto a la valle del acuartelamiento de la Guardia Civil en Santa Pola, donde vivían numerosas familias con niños, prácticamente pegado a las viviendas a una hora y en un momento de mayor presencia de aquellas en sus casas, así como de personas en los alrededores, todas ellas totalmente indefensas".

Para realizar este atentado, encuadrado en la "campaña de verano de ETA", los terroristas se alojaron con identidades falsas en el camping de Santa Pola en los días previos a la explosión y alquilaron un ciclomotor para posteriormente huir a la localidad cercana de Elche.

El tribunal, presidido por el magistrado Fernando García Nicolás, considera como pruebas de cargo el material incautado a los etarras tras su detención en Francia donde se hallaba la "autocrítica" de Andoni Otegi y Óscar Celarain a la dirección de ETA narrando los pormenores de¡ este atentado. Este documento, según explicaron los peritos de la Policía, fue redactado por los propios acusados.

Asimismo, a los etarras también les fueron incautadas cintas de vídeo con imágenes del cuartel de Santa Pola y fotografías del mismo. Por otro lado, un amplio número de testigos que participaron en el juicio identificaron a ambos en el camping de la localidad alicantina.

De esta forma, la detallada versión que escribieron en ese documento los etarras estuvo corroborada por las declaraciones de una decena de testigos, junto con el testimonio del presunto etarra Juan Carlos Besance, que reconoció que sacó los billetes a los acusados para trasladarse a Alicante.

Junto a los 843 años de cárcel, la Audiencia obliga a los dos acusados a indemnizar a los padres de la pequeña asesinada, que declararon durante el juicio, con 211.768 euros, así como con 75.539 a familia del hombre, que murió cuando se encontraba en una parada de autobús situada junto al acuartelamiento.

También establece indemnizaciones de más de nueve millones de euros al Estado y al Consorcio de Compensación de Seguros por los daños causados en la casa-cuartel (6 millones), la cuantía de las ayudas que concedió a las víctimas (otros 2,5) y las que otorgó a los perjudicados por daños materiales (839.000 euros).