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El Gobierno descarta 'cerrar' el Constitucional y apuesta por su renovación

En palabras de la vicepresidenta, el Gobierno “está trabajando en la renovación” del órgano, por lo que rechaza la solución de Aguirre de cerrarlo.

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El Gobierno descartó de plano la posibilidad de hacer desaparecer del panorama judicial al Tribunal Constitucional para reciclarlo como una sala del Supremo, tal y como recomienda Esperanza Aguirre. Aunque sin citar a la presidenta de la Comunidad de Madrid, la portavoz descartó completamente esta opción, una vez puso el acento en que el Ejecutivo ya trabaja con el PSOE para renovar lo antes posible el Alto Tribunal. Fuentes solventes confirmaron que, aunque este tipo de asuntos “se anuncian una vez ya están resueltos”, se trabaja con un calendario que no puede sobrepasar la primera quincena de julio.

Soraya Sáenz de Santamaría no quiso entrar a valorar el perfil político del TC, si bien lo dio por hecho al confirmar que son los grupos parlamentarios los que negocian para dar una nueva lista de nombres que dé estabilidad a una institución puesta en la picota de la crítica de la opinión pública, después de que en su situación de interinidad haya abierto la puerta de la vida política a Sortu, el partido que da cobijo al entorno de la banda terrorista ETA.

“Desde hace días estamos trabajando en abordar la renovación de esta institución para fortalecerla con un mandato renovado”, dijo la vicepresidenta. Según pudo saber este diario, del lado del PSOE ya se ha dado un nombre; el de Cándido Conde Pumpido, anterior fiscal general, muy vinculado al proceso de negociación con ETA. “Ya le he señalado que en lo que está trabajando el Gobierno es en la renovación del órgano”, volvió a responder.

Las últimas novedades judiciales pesaron más que las reformas anunciadas por el Ejecutivo. Sobre la decisión del Constitucional de legalizar Sortu, Sáenz de Santamaría se cuidó en ofrecer una respuesta templada en dos direcciones: respeto y acatamiento del fallo, pero no sin discrepar con el Alto Tribunal, una vez el Ejecutivo formaba parte del proceso y pedía que siguiera siendo ilegal.

En este sentido, la vicepresidenta se permitió la licencia de lanzar un órdago envenenado a Alfredo Pérez Rubalcaba, que en el poder defendió la ilegalización y en la oposición aplaudió que puedan volver a las urnas. “Este Gobierno asume íntegramente la posición del anterior, que consideraba evidente que era la continuidad del brazo político de ETA”.

Sáenz de Santamaría explicó que el Gobierno era integrante del proceso como acusación, al estar representado en la Abogacía del Estado. Y por ello, y como el anterior gabinete, “consideraba que debería de haberse mantenido la sentencia del Supremo”, extremo que también era la opción de la Fiscalía.

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