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Fernández Díaz pone en duda que la sentencia del TEDH sea ejecutiva

Advierte a las franquicias de ETA que "el contador de la ilegalización está en marcha y algunos tienen ya algunas aspas marcadas".

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El ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, puso en duda este miércoles que la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), que ayer hizo público un fallo en el que se instaba a poner en libertad a la terrorista Inés del Rio y a indemnizarla con 30.000 euros por daños morales, sea ejecutiva y, por tanto, de obligado cumplimiento.

Dijo que el Gobierno de España recurrirá la sentencia y solicitará la suspensión jurídica de la misma, puesto que "si el recurso es aceptado el daño hecho será irreparable, porque esta terrorista se fugará en cuanto sea puesta en libertad". "Creo que tenemos argumentos jurídicos suficientes para no ponerla en libertad", añadió.

El ministro afirmó que la sentencia "supone un escarnio para la sociedad española". "Decir que debemos indemnizar a una persona que mató a 24 personas... no vamos a pagar ni un duro", aseguró, para añadir que, en todo caso, esa cantidad se le restaría de la cuantiosa deuda que la etarra tiene contraída con España por las responsabilidad civiles de sus actos criminales.

Asimismo, pidió explicaciones al juez español que forma parte del tribunal, Luis López Guerra. "Es llamativo cómo el magistrado español, que fue un alto cargo socialista, secretario de Estado de Justicia con el Gobierno de Zapatero (2004-2007) y diputado en la Asamblea de Madrid, no supo informar bien al tribunal de que no se violó ningún artículo de la Convención Europea de Derechos Humanos de la UE. Es más, se sumó a la sentencia, que fue aprobada por unanimidad", dijo.

Fernández Díaz dijo que la terrorista de ETA Inés del Rio no fue rejuzgada por sus crímenes con otra ley posterior, sino que "lo único que ha habido, para aplicar la doctrina Parot, es una manera diferente de interpretar una ley".

Por otra parte, el ministro advirtió a las franquicias electorales de Batasuna que son actualmente legales que "el contador de la ilegalización está en marcha y algunos tienen ya algunas aspas marcadas", después de que los representantes de Amaiur se negasen este martes a condenar el secuestro y asesinato de Miguel Ángel Blanco. "Los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad van tomando nota", añadió.

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