Carmelo Barrio llama a Venezuela "Estado gamberro"

En una nota de prensa, Barrio explica que el concepto de "Estado gamberro" en el ámbito del Derecho Internacional se aplica a aquellos "Estados recalcitrantes" que actúan al margen del derecho internacional y deciden atacar sus valores fundamentales en el territorio de su jurisdicción.

"Venezuela no sólo da amparo y cobijo a los etarras, sino que además les asesora, les adiestra y les prepara para cometer atentados, algo que supone una burla a los principios básicos tanto de los sistemas democráticos como del Derecho Internacional", denuncia.

En este sentido, el parlamentario popular reclama al Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero que ejerza sus derechos y realice las presiones políticas y diplomáticas necesarias -en el seno de la UE, la ONU y en las relaciones bilaterales entre Estados- para que Venezuela deje de ser "santuario de ETA" y colabore con la desarticulación de la banda terrorista.

"Las conexiones entre el régimen bolivariano y ETA son más que evidentes y reiteradas a lo largo del tiempo, por lo que es necesario ejercer la presión internacional necesaria ante la nula voluntad del Gobierno de Chávez de colaborar con la Justicia y la Policía española para luchar contra el terrorismo", critica, al tiempo que recuerda que desde que gobierna (1999), la Justicia española ha solicitado a Venezuela la extradición de 21 personas, 7 etarras, "pero ninguna ha sido detenida ni entregada".

A través de una Proposición no de Ley, el PP reclamará el respaldo de la Cámara vasca para "denunciar y condenar" la actuación del Gobierno de Venezuela en cuanto a su "implicación activa" en el "amparo, cooperación y adiestramiento de miembros de la banda terrorista ETA".

Además, exige al Gobierno de Venezuela que dé fin a cualquier situación de cooperación, amparo, cobijo o adiestramiento de terroristas en ese país y que "colabore con los requerimientos de la Justicia española pendientes desde hace más de diez años".

El origen de esta polémica está en la declaración prestada ante la Guardia Civil por los presuntos etarras Xabier Atristain y Juan Carlos Besance, en la que aseguran haber recibido en Venezuela entre julio y agosto de 2008 un cursillo de formación en el manejo de armas y explosivos.