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Cospedal ve demostrada una "conexión política" en el chivatazo a ETA

Las últimas revelaciones del caso del chivatazo a ETA demuestran, a ojos del PP, la "conexión política" del escándalo. Por este motivo, interpelarán a Rubalcaba en la próxima sesión de control al Gobierno. "Menos insultar y más informar", vino a decir Cospedal, que hizo del vicepresidente epicentro de sus críticas.

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Alfredo Pérez Rubalcaba ha sido el centro de las críticas de María Dolores de Cospedal, en la rueda de prensa posterior al Comité de Dirección del PP. Y lo ha sido a través de dos vías distintas; por un lado le ha exigido explicaciones por las últimas revelaciones del caso Faisán y, por otro, le acusó de no informar a Mariano Rajoy sobre el paro de los controladores aéreos.

Así las cosas, al vicepresidente primero le han llovido todo tipo de críticas, y ninguna positiva. Sobre el chivatazo a ETA, del que el diario El Mundo da cuenta este lunes de una reunión entre Eguiguren y Elosua previa al escándalo, la secretaria general de los populares anunció una pregunta al titular de Interior sobre este extremo en la sesión de control al Gobierno.

Pero aún más, según Cospedal, estas novedades demuestran una "conexión política" hasta hoy desconocida. "Es evidente que el chivatazo del Faisán no ocurrió por casualidad", sentenció, reseñando que "sería importante que Rubcalaba en vez de insultar mañana tarde y noche a Rajoy" se dedicara a aclarar los pormenores de esa relación de Eguiguren con Elosúa.

La número dos del PP recordó, en este sentido, "la reprobable" actuación de Rubalcaba durante la instrucción judicial de este caso, pues intentó ocultar los datos en primera instancia y luego la Fiscalía General del Estado solicitó el archivo de las actuaciones.

En este sentido, y en declaraciones a esRadio, el responsable de Interior de los populares, Ignacio Cosidó, volvió a pedir el cese de Jesús Eguiguren como presidente del PSE ya que, a su juicio, mientras siga siendo líder "habrá dudas sobre la voluntad real del Gobierno" en relación a la derrota de la banda terrorista.

Por su parte, desde Estrasburgo, la eurodiputada Teresa Jiménez Becerril pidió responsabilidades a Alfredo Pérez Rubalcaba por las revelaciones del diario El Mundo. En su opinión, si el vicepresidente no fuera "el último responsable del chivatazo" no impediría "que se investigue y que se resolviera este caso". "Creo que no sólo las víctimas del terrorismo, sino todos los españoles tienen derecho a saber la verdad", manifestó Jiménez Becerril. "¿Quién puede fiarse de un ministro que lleva meses callado ante uno de los hechos más graves de la democracia española?", se preguntó.

Desinformación e insultos

Por otro lado, Cospedal también hurgó en la herida de la deslealtad del Ejecutivo, y desveló en este sentido que el Gobierno no ha facilitado ninguna información a su partido sobre la huelga salvaje de los controladores y que el vicepresidente Pérez Rubalcaba llamó al líder del partido antes de su mitin en Valencia para averiguar qué haría él si estuviera en el Ejecutivo.

En este sentido, en Génova ha enfadado sobremanera que el vicepresidente se dedicara a insultar a Rajoy pese a "la lealtad del PP", a lo que se suma que Rubalcaba pidió esa información al presidente del PP, pero en ningún momento aclaró los planes del Gobierno sobre si quiere prorrogar o no "un estado de excepción" como el estado de alarma.

"Imagino que no será una situación indefinida en el espacio aéreo español o para los controladores. Imagino que el Gobierno quiere una solución que no sea declarar el estado de alarma cuando se encuentra ante conflictos laborales", resumió la dirigente popular, según informa EFE.

En su opinión, el estado de alarma es "un estado de excepción con el que se limitan derechos", y por ello, no puede funcionar como "un instrumento para negociar" con los controladores "en un conflicto muy grave, que es un conflicto laboral".

Los populares, según indicó, esperarán a las explicaciones que dé el ministro de Fomento, José Blanco, este martes en el Congreso de los Diputados. No obstante, estableció tres condiciones al Ejecutivo: que revele sus planes sobre si apuesta por alargar la duración del estado de alarma, que dé una "justificación obvia" de por qué lo alarga, si es que así lo desea; y que aclare lo que ha hecho su equipo desde la declaración del mismo, es decir, qué ha hablado con los controladores para encontrar una solución. 

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