El Partido Popular se ha envuelto en la bandera de la libertad lingüística después de que ayer el Gobierno de Artur Mas anunciara que el conocimiento del catalán será un requisito "muy determinante" para poder certificar el nivel de integración de los inmigrantes.
A través de dos de sus portavoces más autorizados, Esteban González Pons y Soraya Sáenz de Santamaría, los populares han denunciado esta nueva marginación del castellano exigiendo al Ejecutivo regional que la lengua común también sea "elemento de arraigo".
"Cuando hay dos lenguas oficiales no debe consentirse que sólo se tenga en cuenta una", se quejó el vicesecretario de Comunicación, en declaraciones en los pasillos del Congreso. Una idea que machacó con insistencia para concluir que "la libertad debe estar por encima de cualquier otra consideración cuando atendemos a personas de fuera".
En términos parecidos se pronunciaba, pocos minutos después, la portavoz del Grupo Popular. Lo hacía tras arengar a los diputados que concurrirán a las elecciones del 22-M, con quienes mantuvo una reunión -después inmortalizada con una foto de familia- en la que les marcó la línea a seguir.
"Lo que debería de fomentarse fundamentalmente es el conocimiento del castellano, primero porque es un deber y además porque es una fórmula de integración", afirmó Sáenz de Santamaría, para quien la integración "incluye derechos y deberes como al conjunto de los españoles".
Preguntada, en el escritorio de la Cámara Baja, sobre qué iniciativas tomará el PP, la portavoz se mostró cauta habida cuenta de que el anuncio de la Generalidad todavía no tiene forma de Ley. En caso de que tal extremo se produjese, según advirtió, la formación que preside Mariano Rajoy no descarta presentar un recurso.