El PP culpa a Zapatero y Simancas de la crisis de Madrid y el PSOE admite su fracaso en la comisión

L D (Agencias) Horas antes de que se debatan las conclusiones de la Comisión de Investigación de la Asamblea de Madrid, populares y socialistas ya las han hecho públicas este domingo, lo mismo que hizo Izquierda Unida un día antes, el sábado. El coordinador general de IU en Madrid, Fausto Fernández , aprovechó la presentación de sus conclusiones para apartarse del PSOE, ya que culpó de la crisis de Madrid al PP y al PSOE a partes iguales, afirmando que Izquierda Unida "es la única formación política que sale limpia de esta comisión".

Por parte del Partido Popular, el primero en ofrecer una rueda de prensa este domingo fue Antonio Beteta, portavoz popular en la Comisión de Investigación. Según Beteta, "el PSOE es el único culpable de la crisis", aunque personalizó la responsabilidad directa en José Luis Rodríguez Zapatero, secretario general del PSOE, y en Rafael Simancas, secretario general de la Federación Socialista Madrileña, de quien dijo que es "un auténtico delincuente político" por "acusar sin pruebas" al Partido Popular.

Las razones que llevan al PP a esta conclusión pasan, en primer lugar, porque el PSOE incluyó en sus listas a Eduardo Tamayo y Maite Sáez, de quienes ya tenían "dudas" a pesar de que ambos fueron diputados socialistas en la anterior legislatura. Además, el Partido Popular opina que los dirigentes del PSOE "no asumieron sus responsabilidades" tras la espantada de Tamayo y Sáez. En su lugar, "no han parado de imputar delitos al Partido Popular, sin aportar pruebas" y después de que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid les haya contestado, "en dos ocasiones, que no hay nada".

A juicio de Beteta, Zapatero y Simancas también son responsables de la crisis porque, con su actuación, permitieron que Madrid haya sufrido una "parálisis institucional", bloqueando cualquier iniciativa pública de inversión y, sobre todo, dejando a la Comunidad sin presupuestos para el año próximo, ya que, según Beteta, cuando el Parlamento regional inicie sus actividades tras las elecciones de octubre próximo, "no quedará más remedio que prorrogar los presupuestos actuales". Asimismo, el portavoz del PP dijo que las elecciones de octubre van a costar a los madrileños unos seis millones de euros, "que los ciudadanos deberían reclamar al PSOE".

Espionaje telefónico al PP

Antonio Beteta también ha acusado al PSOE de "violar derechos constitucionales" haciendo "uso ilegítimo" del listado de llamadas telefónicas entre Tamayo y el abogado José Esteban Verdes y entre este último y Ricardo Romero de Tejada, secretario general del PP. Según el portavoz popular, estamos ante un auténtico caso "Watergate" , ya que el uso de los listados "está penado por el Código Penal", por lo que desde el PSOE "deberán responder de ello ante los tribunales de justicia", ya que "los particulares que han visto sus derechos constitucionales atropellados así se lo han exigido". La actitud del PSOE, ha dicho Beteta, "raya el espionaje telefónico".

El portavoz del PP también ha arremetido contra la portavoz adjunta del Grupo socialista en la Asamblea de Madrid, Ruth Porta, y contra su marido, Enrique Benedicto Mamblona. Les ha acusado de ser "un matrimonio de mentirosos" por sus declaraciones en la comisión de investigación sobre sus denuncias contra Tamayo y José Luis Balbás, líder de la corriente de los "Renovadores por la base" del PSOE. La denuncia presentada por Benedicto Mamblona, que fue orientada por su mujer, Ruth Porta, aunque no lleve su firma, dijo Beteta, es la cuestión que el PP considera que se debe situar como "el origen de la crisis". La dimisión de Porta, ha dicho el portavoz popular, debería haberse producido ya.

Por último, Beteta ha insistido en que "es falso" que el secretario general del PP de Madrid, Ricardo Romero de Tejada, mintiera al omitir que era empleado en una empresa de los hermanos Sánchez Lázaro cuando el portavoz socialista Modesto Nolla le preguntó si tenía "interés económico" en las actividades de estos empresarios. El portavoz popular ha explicado que "es verdad que Romero de Tejada no dijo que era un empleado de la empresa MIC, que depende de los Sánchez Lázaro, pero en ningún caso fue preguntado por ello. Contestó a lo que se le preguntó".

El PSOE reconoce el fracaso

Por su parte, el portavoz socialista en la Comisión, Modesto Nolla, ha admitido que su partido no ha podido demostrar todas las acusaciones vertidas contra el PP. Sin embargo, también culpó de esta circunstancia a los populares, "por la actitud de silencio y oportunismo". Pese a que la comisión no ha aclarado nada, el PSOE sostiene que se ha evidenciado la existencia de una "trama político-financiera" en la que Tamayo y Sáez no actuaron por "motivaciones políticas". Se ha constatado, ha dicho Modesto Nolla, las relaciones de Tamayo con dirigentes del PP y con empresarios del mundo inmobiliario.

Nolla ha insistido en lo que tantas veces han repetido los socialistas desde pocas horas después de la espantada de Tamayo y Sáez: que "había un hilo conductor" de la trama, que arrancó el mismo 25 de mayo, día de las elecciones, durante el recuento de los votos. Para el PSOE, que sigue utilizando como pruebas los listados de llamadas telefónicas, a sabiendas de que su uso es delictivo, la presunta "trama" iniciada el mismo día de las elecciones luego siguió con la "sucesión de llamadas telefónicas", con la reserva de hoteles para los "diputados traidores" y finalizó con la "traición", llevada a cabo el 10 de junio.

El portavoz socialista subrayó que esta secuencia de hechos descarta "la teoría de las casualidades" defendida por PP, y afirmó que, durante los trabajos de la Comisión, han quedado en evidencia las amistades de Eduardo Tamayo con miembros del PP, que conducen a la cúpula madrileña del Partido Popular, dirigida por su secretario general, Ricardo Romero de Tejada. Nolla insistió también en que la Comisión ha puesto al descubierto el "mundo de los negocios del PP", donde confluyen intereses públicos y privados, concretamente de carácter económico y urbanístico, de altos dirigentes del grupo popular, una situación que, a su juicio, se "ha abonado" durante ocho años.

Por último, el portavoz socialista dijo que su formación propondrá al resto de grupos remitir el texto íntegro de las sesiones de la Comisión a la Fiscalía Anticorrupción y a la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, con el fin de que ambas instituciones investiguen el caso.