LD (Víctor Gago) A la luz de la revelación de que el presidente ha escrito personalmente la Exposición de Motivos, la llamada Ley de la Memoria Histórica adquiere nuevos sentidos.
En el Preámbulo del proyecto, Zapatero habla de sí mismo en tercera persona como "El Legislador". Instituye un nuevo derecho individual: el "derecho personal a la memoria personal y familiar". Otorga al Gobierno propiedades sobre la fijación de la memoria histórica. Vincula la legitimidad de la etapa constitucional vigente a la de la II República. Y , sobre todo, reconoce a las víctimas de un bando e ignora a las de la persecución ideológica y religiosa bajo la II República.
Es en este resarcimiento sectario, así como en el estilo farragoso e insustancial del texto, donde se comrpueba que el presidente no ha ido de farol con los periodistas canarios y, en efecto, la Exposición de Motivos de la llamada Ley de la Memoria Histórica parece inequívocamente salida de su magin.
Que el presidente del Gobierno se destape como el creador directo de los fundamentos políticos y morales de la Ley, indica hasta qué punto José Luis Rodríguez Zapatero ha estado interesado personalmente en sacar adelante este proyecto.
No se trata de una imposición de sus socios comunistas y nacionalistas, sino de una iniciativa directa y emocional del presidente.
Por otra parte, no es en absoluto habitual que un presidente intervenga directamente en la redacción de una Ley hasta el nivel de detalle e implicación que ha tenido Zapatero con el proyecto de Ley de la Memoria Histórica, según ha concluido Libertad Digital a partir de consultas con dos ex altos cargos de los Gobiernos de Felipe González.
El presidente-legislador declara que "la presente Ley quiere contribuir a cerrar heridas todavía abiertas en los españoles y a dar satisfacción a los ciudadanos que sufrieron, directamente o en la persona de sus familiares, las consecuencias de la tragedia de la Guerra Civil o de la represión de la dictadura". Sin embargo, no dedica una sola línea a quienes sufrieron la represión de la II República, especialmente cruel entre 1934 y 1936.
Legitimidad constitucional-legitimidad republicana
En su Exposición de Motivos, Zapatero engarza la legitimidad de la nueva norma con una declaración del Congreso de los Diputados del 20 de noviembre de 2002 y con un informe del Consejo de Europa del 17 de marzo de 2006.
La primera es una condena genérica de la violencia como medio para alcanzar fines políticos, y lo mismo vale para la represión franquista que para la represión republicana o para el terrorismo de ETA.
Sin embargo, Zapatero en persona considera víctimas de la violencia política sólo a las de un bando de la Guerra Civil y olvida a las de la II República.
La segunda declaración invocada por el presidente en su Exposición de Motivos fue un acuerdo del Consejo de Europa, inducido por el PSOE, de condena expresa al franquismo. Nada extraño, en una etapa en la que el partido del Gobierno en España ha convertido las instituciones europeas en cajas de resonancia y legitimación de su política interior revanchista.
Como se recordará, el PSOE llevó al Parlamento Europeo, en octubre de 2006, la iniciativa de legitimar a Batasuna-ETA como interlocutor del llamado "proceso de paz".
La creación de un nuevo derecho subjetivo
Zapatero funda un nuevo derecho subjetivo de su puño y letra. Se trata del "derecho individual a la memoria personal y familiar de cada ciudadano", sin más concreción, en el artículo 2, que el de reconocerlo y declarar "el carácter radicalmente injusto de todas las condenas, sanciones y cualesquiera formas de violencia personal producidas por razones políticas, ideológicas o de creencia religiosa, durante la Guerra Civil, así como las sufridas por las mismas causas durante la Dictadura".
En la misma Exposición de Motivos, Zapatero decreta que es hora "de que la democracia española y las generaciones vivas que hoy disfrutan de ella honren y recuperen para siempre a todos los que directamente padecieron las injusticias y agravios".
Incluye en esta categoría a sus familias, a quienes "perdieron su libertad, al padecer prisión, deportación, trabajos forzosos o internamientos en campos de concentración dentro o fuera de nuestras fronteras"; también a los exiliados, y a los cuerpos de carabineros, los brigadistas, los combatientes guerrilleros y los miembros de la Unión Militar Democrática.
Ni una sola mención expresa a las víctimas de la represión de la II República y a los mártires de la mayor persecución religiosa de toda la historia, algunos de los cuales van a ser beatificados el próximo 28 de octubre, en una ceremonia que será oficiada en Roma por el Papa Benedicto XVI.
La política dictará la Historia
Zapatero concede a la Ley y a las políticas que desde ella se aplicarán facultades sobre "el conocimiento de nuestra historia" y el "fomento de la memoria democrática".
El presidente vincula directamente la legitimidad del régimen democrático actual al régimen de la II República. Así se desprende, al estipular la previsión de indemnizaciones "a favor de todas aquellas personas que perdieron la vida en defensa de la democracia, de la democracia que hoy todos disfrutamos".
Concluye Zapatero su exposición de Motivos hablando de sí mismo en tercera persona, como "El Legislador", y formulando una declaración tan solemne como huera, un rasgo característico de su estilo:
"No es tarea del legislador implantar una determinada memoria colectiva. Pero sí es deber del legislador, y cometido de la ley, reparar a las víctimas, consagrar y proteger, con el máximo vigor normativo, el derecho a la memoria personal y familiar como expresión de plena ciudadanía democrática, fomentar los valores constitucionales y promover el conocimiento y la reflexión sobre nuestro pasado, para evitar que se repitan situaciones de intolerancia y violación de derechos humanos como las entonces vividas".