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El recurso del Gobierno contra el Plan Ibarretxe recoge 104 "vulneraciones" de la Constitución

El Gobierno ha decidido recurrir ante el Tribunal Constitucional el "Plan Ibarretxe", al constatar sus "quiebras constitucionales". El ministro de Justicia, José María Michavila, presentó un informe de los servicios jurídicos del Estado que avala el recurso. Según el ministro, el plan "es un fraude de ley". Desde Vitoria, el portavoz del Gobierno vasco, Josu Jon Imaz, pide al PSE que se pronuncie ante lo que califica de "estado de excepción democrática" y confía en que, "si hay juristas" en el TC, el recurso no se admita a trámite.

L D (EFE) El ministro de Justicia, José María Michavila, ha presentado este viernes en el Consejo de Ministros un informe de los Servicios Jurídicos del Estado en el que se reflejan dichas quiebras constitucionales en el "Plan Ibarretxe", por lo que el Ejecutivo ha decidido la interposición de un recurso ante el TC.

José María Michavila explicó esta decisión en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. El ministro dijo que el Plan Ibarretxe quiebra hasta en "más de cien ocasiones" la Constitución y acusó al Gobierno vasco de haber roto de forma unilateral con el Estado español y sus instituciones. "El Gobierno vasco, bajo la apariencia de la reforma del Estatuto de Autonomía aborda una mutilación de la Constitución en una parte del Estado español". Además, se anuncia también el recurso contra un posible acuerdo del Parlamento vasco encaminado a tramitar el plan.

Principios constitucionales vulnerados

El ministro Michavila explicó que la interposición del recurso supondrá "muy probablemente" la suspensión de la tramitación del Plan. Ahora, los Servicios Jurídicos del Estado esperarán a que la Mesa del Parlamento vasco se reúna el próximo martes para la toma en consideración del acuerdo del Consejo de Gobierno vasco, ya que el plazo para recurrir es de dos meses a partir de su publicación.

PROCEDIMIENTOS DE REFORMA. El primero de los ámbitos constitucionales que "quiebra" el Plan, según el ministro, se refiere a la vulneración de los procedimientos y de las reformas constitucionales y del propio Estatuto de Autonomía vasco porque, a pesar de que el gobierno vasco está legitimado para reformar el Estatuto y la Asamblea Parlamentaria para iniciar una reforma Constitucional, "no se ha deseado respetar las formas y los procedimientos previstos en la Constitución y el Estatuto".

PODERES. En segundo lugar, el informe aprecia que el Plan "mutila las instituciones de convivencia democrática", al pretender "la mutilación del poder ejecutivo, legislativo y judicial, creando un consejo del poder judicial propio y mutilando el estatuto del Ministerio Fiscal".

COMPETENCIAS. Otro de los ámbitos vulnerados se refiere al de los elementos de reparto de competencias entre Estado y Comunidades Autónomas, ya que la propuesta de Ibarretxe supone "una quiebra de la Constitución" en materia de legislación laboral, comercio exterior, Hacienda, Seguridad Pública, legislación penal, mercantil, Sanidad, Educación, Seguridad Social y unidad de caja, entre otros muchos ámbitos.

TITULARIDAD DE LA SOBERANÍA. Para el ministro, el Plan quiebra también un principio básico de la Constitución como es en quién reside la soberanía, porque "se inventa un artificial demos al cual se le pretende dar la soberanía, mutilándolo a su vez, puesto que a una parte de ese supuesto 'pueblo' se le reconoce la capacidad sobre quienes hoy no componen las tres provincias que constituyen la autonomía vasca".

OTROS PRINCIPIOS. Así, estimó el ministro, "se quiebra el principio seguridad jurídica, el principio de lealtad constitucional y el principio de convivencia plural y democrática de todas nuestras instituciones constitucionales". Por último, el informe refleja que el Plan "mutila los valores esenciales de la Constitución", al vulnerar el principio de interdicción de la arbitrariedad y al hacer "una utilización fraudulenta de los mecanismos previstos".

Además, Michavila recordó que "cuando se crean instituciones al servicio de una minoría pretendiendo que excluyan a quienes no están en esta situación política, se quiebra un principio básico de convivencia" por lo que "se ha producido una deliberada, consciente y frontal decisión de romper con la Constitución".

El ministro resaltó además que "el mismo día que se decidió poner en marcha el Plan Ibarretxe se demostró que lo que se deseaba era echar del Parlamento vasco a (el presidente del PP en el País Vasco) Carlos Iturgaiz, que es una víctima del terrorismo, miembro de un partido con 13 concejales asesinados por ETA". Lamentó que "sin embargo, se echa de la instituciones a las víctimas del terrorismo y se mantiene en el Parlamento vasco a quienes el Tribunal Supremo ha declarado ya, así como todas la democracias europeas, que son el brazo político de ETA, como el señor Otegi y el grupo de Batasuna".

 

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