La Sala del 61 del Tribunal Supremo examinará hoy en vista pública las demandas interpuestas por la Abogacía del Estado y la Fiscalía en las que piden al Alto Tribunal que se prohíba la inscripción de Sortu en el registro de partidos políticos para que no acuda a las elecciones del próximo 22 de mayo.
La vista, en la que comparecerán todas las partes, comenzará a las 10.30 horas y fue solicitada expresamente por la Fiscalía, mientras que el nuevo partido no la estimó necesaria.
Según fuentes del TS, la sala especial -integrada por quince magistrados más el presidente del TS, Carlos Dívar- decidirá en la vista sobre la prueba documental y testifical-pericial solicitada por las partes.
Los testigos propuestos por los servicios jurídicos del Estado son los agentes firmantes de los informes de la Policía y la Guardia Civil sobre Sortu para que se ratifiquen en su contenido, mientras que la Fiscalía ha solicitado que sean citados cuatro agentes del Cuerpo Nacional de Policía y tres guardias civiles.
No obstante, los testigos solicitados han sido citados para hoy ante la posibilidad de que tengan que declarar, mientras que también el Supremo libró los correspondientes oficios sobre la prueba documental propuesta para poder disponer de ella si finalmente es admitida.
Tras la práctica de la prueba los demandantes y Sortu expondrán sus conclusiones y posteriormente los magistrados se retirarán a deliberar.
La primera de las demandas contra Sortu fue presentada el pasado día 3 por la Abogacía General del Estado, que, tras analizar los informes de la Policía y la Guardia Civil, concluyó que el rechazo estatutario del terrorismo por esta formación es "cosmético".
Por su parte, la Fiscalía aportaba, en la demanda que presentó cuatro días después y que ha sido acumulada con la del Gobierno, nueve indicios de la conexión entre Sortu y ETA-Batasuna, entre ellos la implicación de destacados miembros de la formación ilegalizada en la presentación del proyecto.
El Alto Tribunal dejó en suspenso la inscripción de Sortu en el registro de partidos del Ministerio del Interior el pasado 3 de marzo tras admitir la demanda del Gobierno. Por su parte, el partido sucesor de Batasuna ha alegado ante el Supremo que su legalización "acelerará" la desaparición de ETA