L D (Europa Press) La Fiscalía ha remitido un escrito al Juzgado de Instrucción número 14 de Madrid, que instruye el denominado "caso Bono" por la presunta detención ilegal de dos militantes del PP, en el que solicita el archivo de las actuaciones abiertas contra tres policías por presuntos delitos de detención ilegal y falsedad "por no ser los hechos constitutivos de infracción penal". En un escrito de doce folios, al que ha tenido acceso Europa Press, el fiscal detalla de forma pormenorizada la existencia de indicios de un presunto atentado contra la autoridad o contra las libertades públicas del ministro de Defensa, José Bono, lo que a su juicio justificó las detenciones. Bono iba a la manifestación como particular, no como autoridad, según ha reconocido él mismo.
Así, frente a la afirmación realizada por el juez número 14 Carlos Valle -en el auto en el que daba por concluida la investigación- de que las detenciones se realizaron sin que hubiera dato alguno para atribuir a los militantes un hecho delictivo, el fiscal entiende que "existía causa legítima suficiente para proceder a la detención de aquellas personas que hubieran podido tener intervención en los insultos, empujones, zarandeos y agresión" sufridos por Bono. Entre los datos tenidos en cuenta señala la comparecencia de agentes que se desplazaron al lugar de los hechos -la manifestación convocada por la AVT el pasado 22 de enero-, y que hablaron de "zarandeos y empujones" a Bono, a la eurodiputada Rosa Díez y a los miembros de la "cápsula de seguridad" del ministro.
Las manifestaciones de Bono a la prensa, un indicio
Otros funcionarios desplazados dijeron en comisaría que se produjeron "intentos de querer agarrar al ministro con una intencionalidad manifiestamente ofensiva" o que se vieron "superados" cuando un grupo de personas que "intentaban agredir, con sus manos, pies y algunos objetos contundentes" a Bono. También cita el fiscal, como indicios de la agresión, la asistencia médica que precisó uno de los policías que recibió un golpe durante el tumulto, así como las manifestaciones públicas efectuadas por el propio Bono. Critica igualmente el fiscal que el juez Valle tilde sin más los hechos de "supuesta agresión", cuando los datos evidencian la presencia bien de un posible delito de atentado a la autoridad o sus agentes (artículos 550 y 551 del Código Penal), bien un delito cometido con ocasión del ejercicio de los derechos fundamentales y de las libertades públicas garantizados por la Constitución (artículos 4514.3 o 514.4).
Sobre la relación con los hechos de los militantes detenidos, María Antonia de la Cruz e Isidoro Barrios, el fiscal llama la atención de que su identificación se originó en unas declaraciones realizadas el 24 de enero por el secretario general del PP de las Rozas en una emisora de radio. En ellas, el dirigente popular decía que "al menos dos de las personas que aparecen en las fotografías cerca de Bono son miembros de la Junta Directiva del del PP de esta localidad. Se trata de Isidoro Barrios y Toñi de la Cruz". Esta identificación, según el Ministerio Público se confirmó posteriormente por la policía a través del cotejo con los datos del DNI.
"Actitud de participación activa"
Además, el fiscal aduce que en los vídeos del incidente emitidos en varios medios de comunicación, así como en los fotogramas de las grabaciones, se puede ver a los dos militantes en "actitud de participación activa (...) tanto por los gestos y expresiones de ambos, como por el hecho de que el señor Barrios (...) aparece portando un palo que, según afirma en su declaración, correspondía a una bandera de España, y que indiciariamente podría entenderse que estaba dirigiéndolo al señor Ministro". Concluye el fiscal que se disponía de datos suficientes para oír en declaración a estas dos personas "con lectura de los derechos que les correspondían como detenidos", como así consta que ocurrió, "lo que impide que pueda sostenerse la existencia de un delito de detención ilegal".
En cuanto a la falsedad, el fiscal alega al hecho de que sólo existe un atestado, el que finalmente fue presentado en el Juzgado de Guardia, si bien los denunciantes se refieren a un "proyecto de atestado que no llegó a tener existencia real, ya que quedó en tramitación". No obstante, de existir éste "no cabe atribuirle ningún efecto jurídico", según el Ministerio Público. "En concreto -continúa el fiscal-, ni el eventual cambio de instructores ni la omisión de la negativa de uno de ellos a la detención, aludidos en el auto impugnado, afectan al valor probatorio del documento, pues el atestado único, remitido al Juzgado de Instrucción número 42 -que fue el que investigó la supuesta agresión, que fue finalmente sobreseída-, refleja las diligencias esenciales inicialmente practicadas (...) siendo indiferentes las incidencias internas surgidas entre los funcionarios policiales durante su confección".
El juez Carlos Valle acordó el pasado día 10 transformar en procedimiento de cara a un futuro juicio oral las diligencias previas contra el jefe de Brigada de Información de Madrid, Rodolfo Ruiz, y otros dos agentes en relación con el arresto de los militantes del PP. La Abogacía del Estado, que defiende a Ruiz, recurrió la decisión del magistrado, una posición a la que se ha adherido ahora la Fiscalía de Madrid.