L D (Europa Press) El artefacto, que no pudo ser accionado al paso de un furgón militar por un fallo en el mecanismo, explotó tras la intervención de los artificieros de la Policía Nacional y causó lesiones a 19 personas. El fiscal pide 701 años de prisión para Azurmendi y Arri, por 30 delitos de asesinato frustrado y estragos, mientras que pide 690 años de cárcel para la única mujer acusada por el primero de estos delitos, ya que el decreto de extradición emitido por las autoridades francesas excluye el delito de estragos. Mikel Azurmendi aseguró en la primera sesión del juicio que incriminó a sus dos compañeros en las declaraciones que prestó ante la Guardia Civil tras ser detenido porque fue sometido a torturas. Por su parte, Arri Pascual dijo que en 1994 no conocía ni a Idoia Martínez ni a Azurmendi, y añadió que cuando se produjo el atentado él estaba en Acapulco, México.
Este procesado sí reconoció que a mediados de la década de los 90 hacía labores de enlace entre la dirección de ETA en Francia y el grupo “Madrid", grupo del que iba a formar parte si no llega a ser detenido en Francia en noviembre de 1995, según afirmó. Finalmente, Idoia Martínez no quiso responder ni a las preguntas del fiscal ni a las de su propio abogado y se limitó a decir: "Soy militante de ETA y por ese motivo ya he cumplido prisión en cárceles francesas". Añadió que no iba a contestar ninguna pregunta porque no hay pruebas contra ella.
El escrito de conclusiones del fiscal indica que los tres terroristas, integrantes del grupo “Madrid" de ETA, decidieron en los últimos días de 1993 y primeros de 1994 llevar un ataque en la capital mediante la colocación de un coche-bomba al paso de una furgoneta oficial del Estado Mayor del Ejército del Aire. Después de que todos los miembros del grupo llevaran a cabo todas las comprobaciones necesarias sobre el trayecto de la furgoneta, ocupada diariamente por 11 personas, robaron un Opel Corsa que cargaron con dos ollas con 45 kilos de explosivo amosal. En la noche del 24 al 25 de enero de 1994 trasladaron el coche al punto elegido.
Arri Pascual se encargó de cubrir la acción mientras que Azurmendi accionó el dispositivo, que no produjo el resultado deseado por un fallo del mecanismo. Ambos huyeron del lugar. Momentos más tarde llegaron los artificieros de la Policía que, tras colocar un cebo, provocaron la explosión del artefacto, que causó lesiones a 19 personas. El total de los destrozos causados en coches y viviendas colindantes fue tasado en más de 790.000 euros. El fiscal explica que Azurmendi, tras ser detenido en Sevilla el 20 de marzo de 1998 reveló su propia participación, así como la de Arri Pascual, Idoia Martínez, Jon Bienzobas y Mercedes Chivite (estos dos últimos no están acusados en este juicio) en esta acción.
Por su parte, en el apartamento que Alvaro Juan Arri Pascual ocupaba antes de ser detenido se encontró un disquete con explicaciones y autocríticas sobre acciones perpetradas en Madrid, entre las que se encuentra ésta. Además, la Guardia Civil descubrió huellas dactilares puestas por Azurmendi, Arri y Martínez en un piso que ocuparon en la calle General López Pozas de Madrid.