El caso de Manuel Cobo y Ricardo Costa se eterniza. Según fuentes consultadas por Libertad Digital, el Comité de Derechos y Garantías del PP se ha visto en la obligación de aplazar hasta una próxima reunión, cuya fecha no ha sido desvelada, la sanción definitiva a ambos dirigentes, aparatados temporalmenete del partido.
El motivo, arguyen las fuentes consultadas, es que el órgano disciplinario no ha llegado a un acuerdo sobre qué multa interna imponer al vicealcalde de Madrid y al diputado regional, que incluso podría ser diferente. Aunque los instructores de los expedientes, Andrés Ayala en el caso de Costa y José Manuel Velasco en el de Cobo, propusieron en su día un año de sanción revisable a los seis meses, en Génova se ha instalado la idea de que deberían ser exculpados porque “ya se han dado la leche”.
Así las cosas, miembros del órgano interno confirman a este periódico que “lo más seguro” es que se rebaje la pena. La duda está en si recuperarán de inmediato su carnet de populares habida cuenta de que ya llevan más de cuatro meses suspendidos de militancia.
Y mientras el Comité de Derechos y Garantías sigue sin pronunciarse, Comunidad Valenciana y Ayuntamiento de Madrid van moviendo sus fichas . En el primero de los casos, Francisco Camps ya ha colocado a Costa al frente de una comisión parlamentaria. Nadie en el seno del PPCV duda de que formará parte de las listas electorales por Alicante.
En el caso de Cobo, el alcalde de la capital, Alberto Ruiz Gallardón, ni tan siquiera le ha apartado de sus responsabilidades y ya ha anunciado de puertas para adentro que irá en la candidatura por Madrid en las próximas municipales.
El entorno de la presidenta regional, Esperanza Aguirre, aguarda expectante, pero a priori no entiende cómo es posible que el número dos de Gallardón se pueda librar de la sanción pese a que nunca ha pedido perdón ni tampoco ha mostrado arrepentimiento alguno por sus insultos en las páginas de El País.
A esto se suma que la sanción impuesta tanto al vicealcalde como al ex secretario general del PPCV está tipificada como grave, lo que conlleva -según los estatutos- la suspensión de militancia por un periodo de tiempo de entre uno y cuatro años e inhabilitación para desempeñar cargos en el seno del partido o en representación de éste por igual periodo de tiempo. Si finalmente el órgano disciplinario la reduce, la multa a Cobo y Costa pasaría a ser en realidad una mera amonestación. Un extremo que rechazan de plano desde el entorno de la jefa del Ejecutivo autonómico.