La juez de Instrucción número 5 de Madrid, Carmen Valcarce, que investiga el caso de los presuntos espionajes a políticos de la Comunidad de Madrid, ha llamado a declarar en calidad de imputados, el próximo día 30 de julio, a los asesores de seguridad eventuales de la consejería de Interior, José Oreja y Antonio Coronado, José Luis Caro Vinagre.
Según una providencia a la que tuvo acceso Europa Press, la juez justifica esta petición en las gestiones realizadas por la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal. La juez investiga si hubo malversación de fondos por parte de la Consejería de Interior para sufragar los gastos de los supuestos espionajes al ex consejero de Justicia Alfredo Prada y el vicealcalde de Madrid, Manuel Cobo, ambos del PP.
La juez, que descarta así archivar las diligencias, reclama con esta providencia poder interrogar a tres de los ex guardias civiles que el propio Prada pidió hace unas semanas que fueran imputados conforme a los datos que arrojan los informes policiales sobre las presuntas vigilancias ilegales que sufrió entre abril y marzo de 2008.
En concreto, la juez tiene sobre su mesa desde el pasado 24 de junio un escrito remitido por el diputado regional del PP en el que solicita que cite a declarar como imputados a dos técnicos y seis asesores del departamento de Francisco Granados ante sus sospechas de que podrían estar detrás de los seguimientos que dice que sufrió.
En el documento, Prada reclamaba a la magistrada que incoe diligencias previas contra el técnico especialista en Seguridad, José Manuel Pinto; el eventual de confianza de la Consejería, José Palomo; y los asesores de seguridad eventuales, José Oreja y Antonio Coronado, José Luis Caro Vinagre, Belén Espartero, José Manuel Rodríguez y Roberto Casielles.
Prada se basaba en que los agentes que elaboraron los partes de seguimientos se referían en los mismos al departamento donde trabajaban, la Dirección General de Seguridad de la Consejería de Interior.
Asimismo, el escrito reclamaba que se cite a Prada a presencia judicial al objeto que proceda a la ratificación y, en su caso, a la ampliación de la denuncia que presentó ante la Fiscalía General del Estado. Prada también reclamó en otro escrito una prueba pericial caligráfica de las mismas personas y que, junto con los documentos originales que obran en la causa, se remitieran a la Comisaría General de la Policía Científica, Servicio de Técnica Policial y la Sección de Documentoscopia para que los peritos caligráficos determinen la autoría de los documentos que obran en la causa y si los escritos han sido confeccionados por las personas citadas.