El diario de Unidad Editorial informa este lunes que la Policía, en este caso la Brigada de Blanqueo de Capitales, consiguió en un registro en Orange Market varios documentos que probarían que cuatro empresas constructoras pagaron en 2008 un total de 480.000 euros que el PP debía de forma oculta a la empresa de Álvaro Pérez, más conocido como "El Bigotes".
En este sentido, los agentes se habrían incautado de tres archivos informáticos y de un documento escrito en el que aparecen nueve facturas que fueron abonadas por estas compañías y que estaban destinadas a abonar gastos generados por el PP valenciano.
De hecho, el diario asegura que la Policía considera que esta deuda de los populares fue sufragada mediante "aportaciones directas de dos empresarios de la Comunidad Valenciana que ya se anotan como cobradas en julio y que posteriormente se enmascaran mediante la emisión de facturas de Orange Market para justificar el pago realizado".
También aparece que estas empresas declaraban a la Agencia Tributaria estos pagos puesto que figuraba el IVA, aunque los agentes sospechan que el PP permitía que Álvaro Pérez inflara el coste de los servicios que prestaba. A cambio, estas empresas habrían recibido contrataciones públicas a dedo.
De este modo, "El Bigotes" cobraba al PP una parte de manera legal a través de una caja bautizada como Alicante y otra de manera ilegal o B, llamada Barcelona.
El País apunta al PP nacional
Por su parte, El País también trata este lunes la supuesta red de financiación ilegal del PP y en este caso acusa al PP nacional entre 1996 y 1999. El periódico cita el informe policial de la Brigada de Blanqueo, que supuestamente considera que existen indicios en la formación del PP similares a las de la formación en Valencia.
Por ello, citan la existencia de una doble financiación en A y en B. Estos datos habrían sido hallados en una caja de seguridad en una sucursal bancaria en Pontevedra a nombre de Pablo Crespo, implicado en el caso Gürtel.
El diario de Prisa dice que en el documento aparecen una serie de facturas falsas emitidas por la empresa de Francisco Correa que justificarían gastos electorales del PP por un total de 600.000 euros.