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UPyD urge a eliminar los privilegios de la pensiones de los diputados

La única diputada de UPyD en el Congreso quiere que los parlamentarios tengan el mismo régimen de pensiones que el resto de los españoles y también que puedan cobrar el desempleo en lugar de indemnizaciones por cese de actividad, unos "privilegios" que urge a eliminar.

Por ello, Rosa Díez pidió este viernes por escrito la reunión de las Mesas del Congreso y del Senado para abordar el cambio de Reglamento de las pensiones parlamentarias y otras prestaciones, que corren a cargo de las Cortes Generales, y restablecer así "el principio de igualdad".

UPyD subraya en la carta que remitió a ambas Mesas, que es "urgente" adoptar medidas "decididas e inequívocas" que eliminen esos derechos "inalcanzables" para el resto de los trabajadores. Y lo que no se puede "extender" al conjunto de los ciudadanos, añade, cuando de lo que se habla es de derechos sociales, se convierte en un "privilegio" para los que lo disfrutan.

Con esta misiva, Rosa Díez retoma una cuestión que generó cierta polémica hace un par de meses a propósito del modelo de pensiones de diputados y senadores, aprobado en 2006, al que pueden acceder los parlamentarios que hayan ejercido esa actividad al menos siete años y cuenten 65 en el momento de recibir la pensión.

Más que de una pensión, según explicaron en su día fuentes parlamentarias, se trata de un complemento que se suma a la cotización de aquellos ex parlamentarios que han cumplido un mínimo de siete años.

Tan sólo unos 70 de los más de 3.600 ex diputados y senadores que ha habido en democracia, han recibido de las Cortes Generales un complemento a su cotización de una media de 1.066 euros. Sin embargo, UPyD insiste en que mientras un parlamentario, con sólo siete años en el cargo, puede complementar su pensión hasta una cuantía equivalente a la pensión máxima, un trabajador "corriente", para alcanzar ese máximo, necesita 35 años de cotización y haberlo hecho por una base muy alta durante los últimos quince años de su vida laboral.

Otra de las ventajas con las que Rosa Díez quiere acabar, según apunta, es con la posibilidad de las "prejubilaciones" de diputados y senadores por el "daño" que ocasionan a la economía productiva, a los trabajadores y a las arcas de la Seguridad Social. De acuerdo con sus argumentos, los parlamentarios pueden prejubilarse desde los 55 años, con derecho a cobrar un 60 por ciento de su asignación –en la actualidad 3.125,52 euros mensuales–.

También la líder de esta formación es partidaria, y así lo refleja en la carta, de establecer el derecho de los ex parlamentarios a percibir la prestación por desempleo con los mismos requisitos y cuantías que tiene reconocido un trabajador en la legislación laboral común. Ahora, cuando un parlamentario acaba su mandato tiene derecho a una indemnización de un mes de salario por cada año que ha ejercido como tal, hasta un tope de dos años.

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