LD (EFE) Camacho contestó así a las preguntas del fiscal Vicente González Mota durante la tercera sesión del juicio oral que se desarrolla en la Audiencia Nacional, donde el Ministerio Público insistió en los procesos de liquidación y gestión de los valores de 4.000 clientes de Gescartera.
Antonio Camacho, para quien el fiscal pide 11 años de cárcel, se limitó a indicar que no se encargaba de la liquidación de los clientes y rechazó que existiesen "operaciones cruzadas" entre inversores para ocultar la apropiación indebida, dado que tanto él como su padre perdieron más de 200 millones de pesetas (12 millones de euros) para paliar las pérdidas de los clientes.
El principal imputado del caso Gescartera reveló además que había acudido, poco antes de la intervención, a una financiación desde Estados Unidos para salvar, al "estilo" de lo ocurrido con empresas como Sniace o Radiotrónica, las pérdidas de los clientes que están valoradas, en el sumario, por más de 50 millones de euros.
El ex responsable de Gescartera indicó que los directores generales de la agencia de valores (Francisco Moreno y José María Ruiz de la Serna, también imputado en este juicio) eran los que tomaban decisiones sobre las estrategias de inversión e informaban a la CNMV. Precisamente comentó que la CNMV, a través de su jefe de supervisión (Ramiro Martínez Pardo del Valle), le recomendó que contratara a José María Ruiz de la Serna y a Salvador Alcaraz para solucionar los problemas de información y gestión que surgieron en su día.
Antonio Camacho dijo desconocer, antes de que se produjese la intervención de la agencia de valores en junio de 2001, la existencia de unos certificados de Caja Madrid y La Caixa en los que se hablaba de la existencia de fondos para responder a las inversores que presuntamente habían hecho los clientes. De cualquier manera, según insistió Camacho en varias ocasiones, la CNMV "era conocedora de todas las operaciones de los clientes" y sólo puso pegas en cuestiones de "reporting","gestión" u "organización interna", "nunca sobre los fondos de los clientes".
El fiscal Vicente González Mota, que tuvo varios roces con el acusado que requirieron la intervención de la presidenta del tribunal, preguntó a Antonio Camacho sobre varias operativas que supuestamente encubrieron la apropiación indebida como las "operaciones cruzadas", los "clientes cero", las denominadas "cuentas omnibus" o las inversiones en renta fija o variable.
El fiscal comenzó por los denominados "productos de renta fija" que, a pesar de lo comunicado a la CNMV, según Camacho, no suponían invertir en renta fija (bonos, letras u obligaciones) ya que sólo constituían "una exigencia, por parte del cliente, de unos intereses, es un préstamo por encima del mercado al tiempo y forma que querían los clientes"
Respecto al contrato de gestión de patrimonios, el principal imputado de Gescartera explicó que la agencia de valores tenía "decisión discrecional" sobre lo invertido por los clientes, ya que a estos no se les prometía rentabilidad, "lo que hacía era exigir intereses a una rentabilidad por encima del mercado".
También indicó que las comisiones que cobraban a los clientes quedaban reflejadas en los contratos depositados en la CNMV y que las cuentas globales, denominadas "omnibus", al igual que las "operaciones cruzadas" entre clientes no fueron utilizadas para encubrir el desvío del dinero -según adujo el fiscal- sino para ayudar en "ajustes fiscales" y "siempre velando por el interés de nuestro acreedor" o cliente.
Antonio Camacho, para quien el fiscal pide 11 años de cárcel, se limitó a indicar que no se encargaba de la liquidación de los clientes y rechazó que existiesen "operaciones cruzadas" entre inversores para ocultar la apropiación indebida, dado que tanto él como su padre perdieron más de 200 millones de pesetas (12 millones de euros) para paliar las pérdidas de los clientes.
El principal imputado del caso Gescartera reveló además que había acudido, poco antes de la intervención, a una financiación desde Estados Unidos para salvar, al "estilo" de lo ocurrido con empresas como Sniace o Radiotrónica, las pérdidas de los clientes que están valoradas, en el sumario, por más de 50 millones de euros.
El ex responsable de Gescartera indicó que los directores generales de la agencia de valores (Francisco Moreno y José María Ruiz de la Serna, también imputado en este juicio) eran los que tomaban decisiones sobre las estrategias de inversión e informaban a la CNMV. Precisamente comentó que la CNMV, a través de su jefe de supervisión (Ramiro Martínez Pardo del Valle), le recomendó que contratara a José María Ruiz de la Serna y a Salvador Alcaraz para solucionar los problemas de información y gestión que surgieron en su día.
Antonio Camacho dijo desconocer, antes de que se produjese la intervención de la agencia de valores en junio de 2001, la existencia de unos certificados de Caja Madrid y La Caixa en los que se hablaba de la existencia de fondos para responder a las inversores que presuntamente habían hecho los clientes. De cualquier manera, según insistió Camacho en varias ocasiones, la CNMV "era conocedora de todas las operaciones de los clientes" y sólo puso pegas en cuestiones de "reporting","gestión" u "organización interna", "nunca sobre los fondos de los clientes".
El fiscal Vicente González Mota, que tuvo varios roces con el acusado que requirieron la intervención de la presidenta del tribunal, preguntó a Antonio Camacho sobre varias operativas que supuestamente encubrieron la apropiación indebida como las "operaciones cruzadas", los "clientes cero", las denominadas "cuentas omnibus" o las inversiones en renta fija o variable.
El fiscal comenzó por los denominados "productos de renta fija" que, a pesar de lo comunicado a la CNMV, según Camacho, no suponían invertir en renta fija (bonos, letras u obligaciones) ya que sólo constituían "una exigencia, por parte del cliente, de unos intereses, es un préstamo por encima del mercado al tiempo y forma que querían los clientes"
Respecto al contrato de gestión de patrimonios, el principal imputado de Gescartera explicó que la agencia de valores tenía "decisión discrecional" sobre lo invertido por los clientes, ya que a estos no se les prometía rentabilidad, "lo que hacía era exigir intereses a una rentabilidad por encima del mercado".
También indicó que las comisiones que cobraban a los clientes quedaban reflejadas en los contratos depositados en la CNMV y que las cuentas globales, denominadas "omnibus", al igual que las "operaciones cruzadas" entre clientes no fueron utilizadas para encubrir el desvío del dinero -según adujo el fiscal- sino para ayudar en "ajustes fiscales" y "siempre velando por el interés de nuestro acreedor" o cliente.
Camacho asegura que tuvo que financiar de su bolsillo las minusvalías de los clientes
El propietario de Gercartera y principal imputado en el juicio, Antonio Camacho, explicó en respuesta a las preguntas del fiscal que aportó 19,02 millones de euros de su propio bolsillo y el de su familia para financiar las minusvalías de los clientes. "El desequilibrio de Gescartera se produjo por la pérdida de clientes", afirmó Camacho, quien explicó que dichas pérdidas se enjugaron con sus aportaciones y con financiación externa.
Durante el interrogatorio del fiscal, Vicente González, Camacho insistió en que la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) tuvo conocimiento desde 1992 de la operatividad de Gescartera, y que desde 1994 conocía las "grandes pérdidas" de clientes. El imputado afirmó que él sabía "perfectamente" donde estaban los ahorros de los clientes y que "nunca" se compensaron los saldos de los clientes con la inversión de otros.
"Nunca he engañado a la CNMV ni lo he ordenado (que así se hiciera)", explicó al fiscal Vicente González. Sin embargo, el acusado afirmó que no podía acreditar que el apoderado de Gescartera, José María Ruiz de la Serna, no lo hubiera hecho. Camacho declaró que era Ruiz de la Serna y el entoces director de supervisión de la CNMV, Antonio Botella, quienes le informaban sobre el resultado de las inspecciones que realizaba el organismo sobre Gescartera y que se reunió en "varias ocasiones" con responsables de la CNMV para estar informado.
Camacho aseguró que la agencia de valores comunicó "en todo momento" a la CNMV la relación de sus clientes y los saldos de cada uno. En cuanto al supuesto desvío de dinero a través de las sociedades de su propiedad, BC Fisconsulting y Asesoría y Gestión de Patrimonio (AGP), Camacho apuntó a que éstas realizaron labores comerciales y prestamistas dirigidas a mantener Gescartera. El imputado cifró los préstamos entre 600.000 euros y 2,4 millones de euros.
Durante la segunda ronda de preguntas, el fiscal preguntó sobre el papel que ostentaban los principales acusados dentro de la agencia de valores. Camacho explicó que el consejero de Gescartera Francisco Javier Sierra de la Flor tenía "poderes en varias sociedades" y que era él quien gestionaba el departamento de gestión y contabilidad de Gescartera. En cuanto a la presidenta de Gescartera, Pilar Giménez-Reyna, Camacho dijo que era una "excelente comercial" y que tenía a su disposición toda la documentación referente a la agencia.
"Nunca he cobrado cheques al portador", afirmó el imputado. Camacho justificó que las denominadas "operaciones cruzadas" se realizaban para equilibrar los saldos de los clientes y pagar así los intereses comprometidos.
En cuanto a los contratos de gestión de cartera de valores que Gescartera firmó con HSBC, Bankinter, Deutsche Bank y finalmente con Caja Madrid, indicó que los gestionaban José María Ruiz de la Serna y Francisco Javier Jiménez. Justificó los cambios de contratos con las entidades a "motivos de mejora de servicios y condiciones".