L D (Europa Press) El presidente del PP-A, Javier Arenas, ha pedido a la Junta de Andalucía que "no se esconda" e investigue sus actuaciones para cubrir vacantes en la administración de Justicia, de manera que se eviten en un futuro errores como el de Santiago del Valle, presunto asesino de la niña onubense Mari Luz Cortés.
Durante su intervención al término de la reunión de la Junta Directiva Regional del PP-A que se ha celebrado este sábado en Almería, el líder de los populares andaluces ha reclamado de este modo al Gobierno andaluz la apertura de una investigación "formal" que esclarezca "qué sucede con los medios materiales y humanos" de la administración de Justicia y que aclare su propia gestión gubernativa a la hora de cubrir las vacantes.
"Eso es competencia de la Junta de Andalucía y no debe, bajo ningún concepto, esconderse", ha dicho Arenas, quien ha añadido en este sentido que "todos tenemos una obligación, la de investigar para que lo que ha pasado no vuelva a suceder nunca".
Ha trasladado además su convicción de que, en un momento de alarma y consternación social, es "muy importante que no se esconda nadie" por lo que, además de analizar la actuación de la Junta en el caso del presunto asesino de la niña de 5 años, ha pedido que "lo que haya que investigar en el Ministerio de Justicia se investigue" también.
Todo ello en paralelo a la investigación para depurar responsabilidades emprendida por el Consejo General del Poder Judicial, que ha calificado de "imprescindible" en un caso en el que el presunto asesino de la niña se encontraba en libertad cuando tenía pendiente el cumplimiento de dos condenas, una por abusar de su hija y otra por agredir sexualmente a una menor de 9 años.
Las declaraciones de Arenas, quien ha abogado por incrementar las penas en determinados delitos para disfrutar del "binomio imprescindible en democracia de seguridad y libertad", se han producido tras revelarse que la funcionaria encargada de ejecutar las sentencias en el Juzgado Penal 1 de Sevilla, del que es titular Tirado Márquez, el juez que mantuvo en libertad al presunto autor de la muerte de Mari Luz, estuvo cinco meses de baja sin sustitución, lo que acarreó un atraso en las sentencias.