La saga de la telefonía móvil de tercera generación se ha convertido en una comedia de enredo y equívocos. El legado del ex-ministro de Fomento no ha podido ser más lamentable. Con todos los matices que se quiera, el error de Arias Salgado no fue adjudicar los derechos de explotación de UMTS por concurso administrativo, sino haberlo hecho tan mal. El concurso es defendible desde una óptica competitiva porque permite limitar la concentración del mercado, porque valora no sólo la potencia económica de los aspirantes sino su proyecto empresarial, porque no hipoteca el futuro de las inversiones necesarias para desarrollar infraestructuras y porque garantiza a los usuarios unos precios más bajos y así facilita la adopción de la nueva tecnología. A mi me gusta más la subasta pero esa es otra historia.
Cuando el concurso se diseña de manera deficiente, proporciona pocos ingresos a las arcas públicas y, además, otros países recurren a la subasta para ceder los derechos de explotación y obtienen ingresos billonarios, el problema está servido. Para salir de esa atolladero el gobierno Aznar ha de resolver un dilema: ampliar o no el número de operadores mediante la concesión de una o dos licencias adicionales de UMTS. Sobre este punto las posiciones parecen estar divididas en el seno del gabinete. El Ministerio de Ciencia y Tecnología es partidario de mantener el statu quo y los ministerios económicos desean cambiarlo.
La ministra Birulés rechazó la tesis de la ampliación porque era técnicamente inviable para después afirmar que si se concedían más licencias, las empresas adjudicatarias tomarían acciones judiciales contra el Ejecutivo. Ahora bien, esas dos posibilidades se excluyen entre sí. Si razones técnicas imposibilitan la introducción de más operadores, la materialización de esta hipótesis es imposible y el asunto queda zanjado. Si es posible otorgar más derechos de explotación, la pregunta es si el gobierno debe hacerlo. La respuesta es positiva porque la obligación del ejecutivo es maximizar las fuerzas competitivas con la mirada puesta en los intereses de los consumidores, no en los de los productores.
En este contexto, las protestas de las compañías beneficiarias de la concesión son las típicas de un oligopolista que aspira a obtener beneficios extraordinarios a través de la erección de una barrera de entrada que le proteja de la competencia. Como es lógico, una posición de este tipo es insostenible e inaceptable para un gobierno que ha de velar por la preservación del orden competitivo. ¿Aumentar el número de operadores de UMTS viola el principio de seguridad jurídica? No, si las compañías titulares de la concesión que se consideren perjudicadas por una decisión de esa naturaleza pueden renunciar a ellas y el gobierno les devuelve su dinero. La oposición de las empresas adjudicatarias a una iniciativa de este tipo sería poco presentable porque mostraría la naturaleza privilegiada de las actuales concesiones.
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