Todavía no sale uno de su asombro al conocer la noticia de la puesta en libertad de dos presuntos autores de delitos de terrorismo y pertenencia a banda armada relacionados con el caso de los envíos de siete cartas-bomba a La Razón, ABC, El Mundo y el Movimiento contra la Intolerancia.
En una primera aproximación, uno se pregunta: ¿se habrá equivocado la Policía? ¿Estarán exagerando? Claron que, si no existiesen indicios, ¿para qué el juez le pone cinco millones de fianza? O tiene que ver con los hechos, o no tiene que ver.
Pero los datos que vamos conociendo son de escándalo. Resulta que la Policía encuentra, en casa del detenido, cuarenta gramos de pólvora como la que llevaban los paquetes explosivos. También hallaron escritos a presos de ETA y GRAPO. No, la Policía no se equivocó, fue un trabajo de investigación fino y sagaz.
Ahora resulta, de confirmarse lo que publica El Mundo, que el padre de uno de los detenidos es un director de una entidad financiera y, con dinero e influencia, a través de un ex juez, se interesa por el detenido que puede tener bajo su responsabilidad siete intentos de asesinato, ni más ni menos.
Tenemos la impresión de que la Justicia no es igual para todos. La influencia y el dinero todavía permiten márgenes frente a los derechos de las víctimas, y el trecho que hay que recorrer frente al terrorismo es largo. De momento, el Movimiento contra la Intolerancia nos personaremos como acusación particular pues interpretamos que hay riesgo de fuga del delincuente, puede ocultar pruebas e, incluso, puede seguir haciendo lo que presuntamente ha hecho: sembrar el terror.
Esteban Ibarra es Presidente del Movimiento contra la Intolerancia y recibió una de las “cartas-bomba” remitidas, presuntamente, por el detenido que quedó en libertad tras depositar cinco millones de fianza.
¡De escándalo!
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