La simple lectura de las conclusiones que la jueza Teresa Palacios ha remitido al Tribunal Supremo sobre la supuesta implicación del ministro de Asuntos Exteriores, Josep Piqué, en la venta de la compañía Ertoil y las trampas, comisiones y supuestos delitos cometidos durante el tortuoso proceso seguido por las compañías Ercros, Cepsa y Elf, además de la compañía instrumental luxemburguesa GHM, dan sinceramente un poco de miedo.
La investigación no está todavía cerrada y hay diligencias pendientes que la jueza se ha comprometido a trasladar en cuanto concluyan. No deben excluirse aquí tampoco ciertas sorpresas.
La juez de la Audiencia Nacional se pregunta, ni más ni menos, por el paradero de 20.000 millones de pesetas “distraídas” aparentemente por la legión de intermediarios, comisionistas, delincuentes de cuello blanco, altos funcionarios y oportunistas de diversas nacionalidades que intervinieron en el caso.
En Francia, alguno de los implicados en el escándalo Elf ya está en la cárcel, otros probablemente le seguirán. Pero en España, todavía alguno de los implicados se pasea por los pasillos del poder como si la cosa no fuera con ellos. Es urgente para la moral pública y la credibilidad de todos que este asunto se ventile y aclare lo antes posible: bastante ha durado ya el procedimiento
Será ahora la Sala Segunda del Tribunal Supremo quien decida ahora si es competente para conocer la presunta implicación del ministro de Exteriores. Y en caso positivo deberá solicitar el levantamiento del aforo del que goza. Si todo esto se produjese –y, sinceramente, por el decoro y la credibilidad del Gobierno espero que no– la gravedad del caso trascendería el simple latrocinio o, como dijo con evidente malignidad Javier de la Rosa, la sola actuación de un “comisionista desagradecido”.
La jueza Palacios incluye en sus conclusiones dos dictámenes de la Fiscalía Anticorrupción en los que se dicen dos cosas tan preocupantes, o más, que el contenido completo de la investigación: primero, que el actual ministro de Asuntos Exteriores fue uno de los directivos de Ercros que autorizó la venta de Ertoil (no sólo la autorizó: fue quien firmó en nombre de la compañía el documento notarial de venta) y, segundo, que alguien (convendría saber quién y saberlo con cierta celeridad) recurrió a artificios contables para ocultar el destino de 20.000 millones conseguidos por la venta de Ertoil.
La sombra creciente de una duda se extiende ahora a causa de este complicado asunto. Convendría que todos –jueces, expertos, fiscales, etc– se dieran prisa en concluir diligencias e investigaciones. La cosa urge.
La sombra de la sospecha
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