Para México es imprescindible un saneamiento rápido de las finanzas del gobierno. Además de incrementar los ingresos tributarios es urgente reducir el gasto gubernamental y reformar su asignación. Lo que ha hecho el gobierno actual es meritorio, pero insuficiente.
Aun los más optimistas reconocen que la economía mundial atraviesa por un periodo de contracción. Esto significa disminución de la actividad económica, desempleo, menor inversión productiva. Desde el punto de vista humano son malos tiempos: despidos generalizados, pérdida de expectativas de mejoría material inmediata, restricciones más duras. Dolor y angustia en distintas magnitudes y con diferentes expresiones concretas.
La causa aparente de esta contracción es un ajuste abrupto en las expectativas (¿ilusiones?, ¿espejismos?) que despertó la llamada nueva economía. Sin duda se hicieron cuantiosas inversiones ante el formidable potencial de las tecnologías de vanguardia para incrementar la productividad. Esto produjo una cierta sobrecapitalización en ese sector –concomitante a masivas inversiones en Estados Unidos en valores de empresas tecnológicas– que hoy se está ajustando abruptamente.
Nadie en el mundo escapa a esta contracción, si bien todo parece indicar, por fortuna, que estamos ante un ajuste rápido y mucho menos severo que episodios recesivos como el de 1929.
Queda claro que ante este panorama lo peor que podría hacer el gobierno sería desdeñar el impacto de esta contracción o, aún peor, intentar una suicida política “contra cíclica”. Esto último sería no sólo estéril sino nefasto. Las finanzas públicas en México muestran un deterioro mucho mayor al que quiso admitir el gobierno de Ernesto Zedillo.
Por eso, la reforma a la hacienda pública adquiere tintes de urgencia. La propuesta del gobierno de Vicente Fox podrá, sin duda, perfeccionarse o matizarse en el Congreso, pero hay que hacerlo ya (en un período extraordinario de sesiones) y es preciso incrementar estructuralmente la captación de ingresos tributarios.
La contraparte indispensable, por justicia y por mera lógica económica, es la llamada reforma al ejercicio del presupuesto. En días recientes el gobierno de Fox ha difundido algunos ahorros en el ejercicio del gasto pero la reforma debe ir mucho más allá.
No basta gastar menos de lo autorizado, sino modificar radicalmente los criterios de asignación del gasto. En esta tarea tanto el poder ejecutivo como el Congreso tienen que hacer aportaciones decisivas.
Un primer punto al que debe abocarse el gobierno de Fox es dar un giro completo a su actual criterio de exigir a las distintas dependencias “resultados a cualquier costo y lo antes posible”. Aunque políticamente suene bien este criterio, en la práctica se convierte en una licencia para la asignación compulsiva de partidas de gasto público (“dime un problema y te daré presupuesto”) sin elementales parámetros de racionalidad: costo contra beneficio.
El estilo de mando de Fox propicia este activismo desordenado y hasta caótico, que en pesos y centavos se traduce en asignaciones de gasto no meditadas ni evaluadas, es decir: en una restricción presupuestal aún más “blanda” que la habitual en el gobierno.
Sería lamentable que en momentos en que la sociedad se ve enfrentada inevitablemente a restricciones duras en el ejercicio de su gasto, el gobierno cayese en el error de disparar dinero público como quien dispara con perdigones, en lugar de hacer un esfuerzo serio para que los disparos sean precisos, de forma que el desperdicio de recursos sea mínimo y los resultados sean verificables, no sólo por la rapidez con que se producen sino por el uso eficiente de los recursos escasos.
El remedio no es sólo gastar menos sino gastar mejor.
© AIPE
El mexicano Ricardo Medina Macías es analista político.
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