Competencia fiscal

La Comisión Europea acaba de descubrir que es imposible poner puertas al campo. En medio del proceso de armonización fiscal en la UE que trata de llevar a cabo Bruselas, de tratar de limitar las bajadas de impuestos para captar inversiones a través del código de buena conducta tributaria de los Estados, Portugal acaba de recortar el tipo del Impuesto de Sociedades del 32% al 25%.

La medida no se aplica en todo el país; sólo en las regiones del interior, las más pobres y menos desarrolladas, con el fin de conseguir que las empresas se instalen en ellas. El Gobierno portugués, de esta forma, utiliza la competencia fiscal entre Estados para captar inversiones y, con ello, acercar sus niveles de renta y desarrollo a la media de los Quince. Su decisión es legítima, por mucho que pueda perjudicar a las regiones españolas fronterizas con nuestro vecino del oeste, las principales afectadas por una medida que puede tener repercusiones para el conjunto de los Quince. Pero, precisamente, una de las ventajas competitivas que puede tener Portugal es, precisamente, la de ofrecer costes sensiblemente inferiores a los de Alemania, Francia o la misma España, en razón de su bajo nivel de renta. Y al hablar de costes, hay que incluir entre ellos los tributos empresariales.

Esta decisión, sin duda, obligará a las autoridades españolas a redefinir nuevamente su estrategia tributaria para no perder inversiones. Hasta hace un mes, estaba previsto que antes de que terminase el presente curso parlamentario el Ministerio de Hacienda llevase a las Cortes el proyecto de la nueva ley del Impuesto de Sociedades, que contempla, entre otras modificaciones, un recorte de los tipos de este gravamen. La decisión, sin embargo, se demoró sine die hasta que las presiones sobre los precios de consumo remitan, con el fin de no echar más leña al fuego de la inflación. Ahora, sin embargo, habrá que observar atentamente lo que suceda tras la rebaja fiscal aprobada en Portugal. Y, desde luego, quien puede empezar a poner sus barbas a remojar, nunca mejor dicho, es el presidente de Extremadura, Juan Carlos Rodríguez Ibarra, tan amigo de crear impuestos sobre las empresas, cuya política económica está condenado a los extremeños al subdesarrollo en una España que, año a año, gana terreno en la convergencia real con la Unión Europea.

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