A resultas del escándalo de la financiación ilegal de la CDU, la ley que regula en Alemania el reparto de los fondos para el desarrollo y promoción de los programas de los partidos políticos ha tenido que ser revisada. Se trataba de impedir que sus beneficiarios eludieran obligaciones fiscales con cuentas de dinero negro en el extranjero, cobraran comisiones ilegales en concepto de soborno y, entre otros oscuros capítulos, llevaran al borde de la quiebra a la ciudad-estado de Berlín.
Este miércoles la comisión dirigida por la presidenta del Tribunal de Cuentas, Hedda von Wedel, presentó su informe. En él recomienda 80 modificaciones a la mencionada ley, que incluyen penalizaciones más severas y mecanismos de control para evitar manipulaciones de lo más variopinto, como las desarrolladas por el ingenio de más de un democristiano en la era Kohl.
A tenor de los resultados, el hilo de Ariadna que atraviesa el informe es la exigencia de una mayor transparencia de las cuentas de los partidos. La comisión ha presentado unos resultados que suponen una derrota para la CDU en dos aspectos principales: por un lado, el informe propone que los dirigentes de los partidos puedan ser condenados a penas de hasta 3 años de cárcel si las cuentas no están claras, caso de la CDU. Por otro, y a pesar de la solicitud expresa de los democristianos, el texto no se opone a que los partidos puedan invertir para su propio beneficio el dinero que el Estado les concede para su financiación en empresas privadas, caso del SPD. A través de la inversión en empresas de telecomunicaciones, el SPD obtiene unas sustanciosas ganancias anuales de más de un billón de marcos. No obstante, la CDU podrá seguir aceptando las tradicionales donaciones millonarias de algunas macroempresas conservadoras.
El verdadero escándalo de todo esto es que una comisión de cinco expertos haya tenido que dedicarse todo un año a impedir que la CDU, en el Gobierno durante 16 años, y que teóricamente debía defender los intereses nacionales, vuelva a estafar al contribuyente, que es, al fin y al cabo, quien, a través del Estado, le mantiene para que vele por sus intereses.
Contra las estafas de los partidos
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