El Gobierno del PP ha entrado en una senda francamente preocupante, al dejarse arrastrar por tendencias populistas en su política económica y laboral. Esta marea llevó al Ejecutivo a intervenir en el conflicto entre Iberia y el Sepla, con los resultados de sobra conocidos, y ahora ha vuelto a colocarse el hábito de hermanita de la caridad para buscar una solución al asunto de Sintel. Es un error.
Desde luego, irse al paro no es un plato de gusto para nadie y mucho menos si, como en el caso de Sintel, la empresa, además, adeuda once mensualidades a los trabajadores que se han quedado sin empleo. Pero esto no justifica una intervención del Gobierno para recolocarlos, y ello por varios motivos. En primer lugar, la realidad actual de la economía española es muy distinta de la de hace cinco, seis o siete años, cuando uno perdía su colocación y no sabía cuándo ni dónde podría encontrar otra. Ahora se están creando miles y miles de puestos de trabajo, hasta tal punto que, en muchas provincias españolas, hay pleno empleo entre los hombres. Y la inmensa mayoría de los trabajadores de Sintel son varones. Desde esta óptica, por tanto, ¿qué hace el Gobierno mediando en el conflicto? Nada.
Luego están las razones que han llevado a la compañía a la quiebra. Como todo el grupo Telefónica, al que pertencía Sintel en el pasado, antes de su privatización tenía unos sueldos disparatados y un exceso enorme de plantilla, lo que le impedía ser competitivo. Telefónica arregló esta cuestión y hoy es una de las empresas punteras del sector de las telecomunicaciones en todo el mundo. En Sintel, en cambio, no sólo se negaron a aceptar semejante cura, sino que, además, las exigencias salariales de los trabajadores en los últimos años fueron tan disparatadas que acabaron con cualquier atisbo de competitividad de la empresa. Por tanto, ellos fueron víctimas de sus propias acciones.
La historia, sin embargo, no concluye aquí. Ahora, el Gobierno y Telefónica han ofrecido un acuerdo para recolocar a entre 800 y 1.000 trabajadores, llevar a cabo un programa de bajas incentivadas para el resto y garantizar la continuidad de las rentas para aquellos de más difícil recolocación. Cualquier comité de empresa, en estas circunstancias, hubiera firmado sin pensárselo dos veces. Pues bien, el de Sintel no sólo no lo ha hecho sino que se ha permitido el lujo de rechazar la oferta, exigiendo la recolocación en Telefónica de los 1.300 afectados y, además, en las mismas provincias en las que trabajaban hasta ahora. Todo un esperpento.
Ante toda esta concatenación de hechos, el Gobierno debería olvidarse del asunto. Si a alguien se le ofrece una ayuda razonable y la rechaza con semejantes argumentos, lo único que merece es quedarse a merced de su propio destino. Y, desde luego, el Ejecutivo debe abstenerse de volver a intervenir porque el mensaje que está mandando es una invitación a cualquiera que tenga un problema laboral a instalar su tienda de campaña en el madrileño paseo de la Castellana y esperar a que el Gabinete le resuelva las cosas, aunque él tenga la culpa, en vez de dedicarse a buscar otro trabajo.
El esperpento de Sintel
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