La Justicia alemana no demuestra ser lo eficaz que cabría esperar cuando se trata de avanzar en el caso de la financiación ilegal de la CDU. Esta observación llega a la prensa alemana desde Suiza, donde el fiscal general de Ginebra, Bertossa, ha censurado la actitud apática de las autoridades judiciales alemanas a la hora de esclarecer el caso de la financiación ilegal de la CDU.
La Fiscalía General de Ginebra ha cedido a la de Karlsruhe 60 archivadores de actas, dos tercios de ellas en francés, sobre la investigación de la desaparición en la Cancillería Federal de los documentos relacionados con la refinería germanoriental Leuna y la cadena de gasolineras Minol. Su privatización y venta fue adjudicada en 1992 al consorcio francés Elf-Aquitaine que habría repartido entre algunos políticos y demás personajes influyentes más de 80 millones de marcos en concepto de soborno.
Según el semanario Der Spiegel, Bertossa asegura que 29 dirigentes políticos de la CDU/CSU mantuvieron cuentas secretas en Suiza. Si se demuestra que en ellas hubo dinero negro, podrían ser acusados de blanqueo de dinero y de fraude fiscal, aunque no de corrupción, porque, según la actual legislación alemana, los delitos de corrupción prescriben al cabo de cinco años.
De momento, Bertossa elude nombrar a nadie. En cambio, sí ha mencionado sus cargos políticos. Entre ellos se encontraría un primer ministro regional que sigue en el cargo, dos ex presidentes de estados federados, ocho ministros, cinco ex secretarios de Estado y un antiguo miembro de la comisión investigadora de la financiación ilegal de partidos.
Basándose en otras fuentes, Der Spiegel añade que en la lista de Bertossa aparecerían los nombres de los ex tesoreros de la CDU, Kiep, Lüthje y Baumeister, el ex asesor fiscal, Weyrauch, pero también el secretario regional de Defensa de Baviera, Pfahl (CSU), así como el empresario Holzer.
El fiscal general de Ginebra también cita otros ejemplos de los últimos años, en los que la Justicia alemana se ha mostrado pasiva a la hora de investigar casos que, directa o indirectamente, estaban relacionados con la CDU. El propio Bertossa afirma haber denunciado ante las autoridades alemanas en 1996 que la empresa Siemens, tradicionalmente de tendencia democristiana, estaba pagando en España comisiones ilegales. Durante años no obtuvo respuesta. Poca agilidad demostró la Justicia alemana también en el caso de la muerte del político de la CDU Barschel en un hotel de Ginebra en 1987.
Bertossa termina sugiriendo que si la Justicia alemana no persigue la corrupción consecuentemente, mejor sería que tachara el delito de su Código Penal. Así están las cosas.
La extrema lentitud de la Justicia
En Internacional
Servicios
- Oro Libertad
- Curso
- Inversión
- Securitas
- Buena Vida