Emilio Botín y Francisco González, presidentes respectivamente del SCH y el BBVA, tendrán que emplearse a fondo para que los dos bancos que dirigen salgan airosos de la difícil situación en que se encuentran en y por causa de Argentina. La larga crisis económica, la devaluación, la suspensión de pagos de la deuda pública y el resto de medidas aprobadas por los últimos gobiernos argentinos han colocado al sistema financiero local en una situación tan difícil que muchos analistas hablan de un importante riesgo de quiebra.
Por este motivo, el Gobierno de Eduardo Duhalde ha decidido rebajar sus pretensiones iniciales de no pesificar los depósitos en dólares a acceder a su pesificación, pero al tipo de cambio oficial de 1,4 pesos por cada dólar. Sin duda, esta decisión es menos dañina para los bancos que las pretensiones iniciales del Ejecutivo, pero aún así golpearán a sus balances seriamente porque el tipo de cambio que está aplicando el mercado en estos momentos es de 2,1 pesos por cada dólar. Ese es el tipo que se aplica a los créditos concedidos por la banca, pero si esa paridad no se establece también para los depósitos, las entidades crediticias sufrirán las consecuencias.
Esta es una de las cosas que quieren evitar los bancos españoles. De ahí su presión sobre el Gobierno argentino, una presión que es más efectiva que la de las petroleras –el ministro de Economía acaba de anunciar que mantendrá su idea de un impuesto sobre las exportaciones de crudo, rechazando de esta forma la propuesta de Repsol YPF y las demás petroleras de pagar 1.500 millones de dólares y zanjar el asunto-, como demuestra el cambio de actitud del Ejecutivo, pero no del todo eficaz.
Ante esta tesitura, los bancos tienen tres opciones. La primera de ellas, que no miran con malos ojos, es la de cerrar y marcharse. Pero el Gobierno español está presionándoles mucho para que no adopten semejante postura drástica porque sería la excusa que necesitan tanto el Ejecutivo argentino como la sociedad para atacar abiertamente los intereses españoles allí, o sea, Telefónica, Endesa, Dragados, Aguas de Barcelona, Mapfre,... Esta vía, por tanto, está descartada, al menos por ahora.
La segunda posibilidad sería permanecer sin más, a ver que pasa. Esto no supondría un coste importante para ellos a corto plazo. Si el beneficio procedente de Argentina es cero, sus beneficios totales se reducirían entre el 5% y el 6% sobre lo previsto. La situación, en consecuencia, sería perfectamente asumible... si no fuera porque si se quedan allí el Gobierno argentino les exigirá que funcionen.
Eso lleva a la tercera salida que es la de volver a invertir allí porque tanto el Banco Río, la filial argentina del SCH, como el Banco Francés, propiedad del BBVA, están completamente descapitalizados. Pero, como es lógico, ni Botín ni González quieren meter un euro más allí si no hay unas garantías de seguridad mínimas porque, entonces, el impacto negativo sobre sus cuentas de resultados aumentarían todavía más. Y esas garantías están lejos de conseguirse.
El SCH y el BBVA, por tanto, se encuentran en Argentina en una especie de trampa saducea: si se van, malo; si se quedan, peor. ¿Dónde está la solución? Es difícil de adivinar. Lo único positivo que tienen los bancos es que el Gobierno argentino no tiene el mismo margen de maniobra para actuar sobre ellos que en el caso de Repsol YPF porque corre el riesgo de quebrar directamente el sistema financiero local, y que el Ejecutivo español, por mucho que se empeñe, no puede obligarles a permanecer allí en contra de su voluntad.
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