El PSOE de Zapatero pretende ser una alternativa seria y creíble al Gobierno del PP que preside Aznar. Pero, al menos en política económica, esa alternativa todavía no se ha conformado. Frente a la poco ambiciosa reforma del IRPF propuesta por el Ejecutivo, los socialistas hablan de un impuesto sobre la renta primero de tipo único, ahora de dos o tres tramos y en el futuro ya veremos si es que finalmente los chicos de Zapatero concluyen esa propuesta que Jordi Sevilla dice tener completa, pero que aún no ha presentado. En materia presupuestaria hablan de bajar impuestos y de aumentar los gastos preservando el equilibrio fiscal aunque no explican cómo. Y ahora, su propuesta para reducir el paro suena a una mezcla de déjà vú y de saber qué hacer para resolver el problema.
Algunas de esas propuestas que el PSOE presenta como suyas, o bien son medidas que llevan tiempo en marcha, como las ayudas a la contratación de mujeres que fue parte de la reforma laboral de 1997, o la extensión del subsidio de desempleo a las víctimas de malos tratos, cosa que ya propuso Zaplana a las pocas semanas de ocupar el sillón ministerial en Trabajo. Otras, en cambio, son impracticables, como la subida del salario mínimo interprofesional, una referencia para muchas cosas, sobre todo prestaciones públicas a las familias, como pensiones y subsidios, que tienen un coste y unas consecuencias presupuestarias de las que los socialistas no hablan. Un tercer tipo de propuestas está formado por las que tienen opciones mejores, como la penalización a la contratación irregular que se resolvería con que funcionara la inspección de trabajo, cosa de la que, por cierto, el PSOE no suele hablar cuando la realidad es que es claramente ineficiente.
Lo más llamativo, sin embargo, es el cuarto grupo, el del absurdo. En este campo entra la propuesta de los planes personalizados para los parados y la creación de un tutor para cada doscientos de ellos, cuya misión básica consistiría en ayudarles a encontrar empleo. Por supuesto, los socialistas no dicen nada de cuánto costaría esta medida, que implicaría un incremento sustancial del número de funcionarios del Inem. Pero, sobre todo, no tiene sentido realizar semejante propuesta cuando la única rama de las agencias privadas de colocación que ellos y los sindicatos han consentido que se creen en España, las agencias de trabajo temporal, funcionan perfectamente y efectivamente buscan una colocación al desempleado porque, entre otras cosas, de eso es de lo que ganan dinero y pagan los salarios de sus trabajadores.
¿Por qué, entonces, no se extiende la autorización a todo tipo de agencias de colocación? En el Reino Unido existen y el resultado es que, en los últimos años, en los momentos en los que la economía tuvo un crecimiento negativo, los británicos siguieron creando empleo y reduciendo el paro. Lo lógico, por tanto, sería optar por ese modelo, más eficiente y más barato que llenar el Inem de funcionarios, que de esos ya hay de sobra en este país. Pero, por lo visto, la modernización de la izquierda española no ha llegado hasta el punto de transferir al sector privado este tipo de competencias, probablemente porque socialistas y sindicatos siguen apegados a las ideas de la izquierda clásica y estatista por mucho que se haya demostrado lo poco que funcionan. Si esto es la alternativa del PSOE, poca alternativa es.
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