Evidentemente, la ministra de Asuntos Exteriores es incorregible. Pese a las advertencias que probablemente le fueron hechas desde La Moncloa para que extremara la prudencia en un tema tan delicado como las relaciones hispano-marroquíes, Ana Palacio insiste y firma. Ahora, en unas declaraciones al diario francés “Le Figaro”, acaba de alinearse en la tesis marroquí que responsabiliza a España de la emigración clandestina marroquí. En los mismos términos se había pronunciado hace meses el rey Mohamed VI en el mismo diario cuando aseguró que la emigración clandestina era el resultado de las mafias españolas y marroquíes.
Asombra que una persona supuestamente ilustrada y que ostenta un cargo de tanta responsabilidad pueda decir tales cosas. Las “pateras” que trasladan a los clandestinos a través del estrecho de Gibraltar o desde las costas del Sahara a Canarias se arman y preparan en Marruecos, son las mafias marroquíes –a veces en clara colusión con las autoridades marroquíes y, desde luego, con su conocimiento– quienes organizan las expediciones, cobran el “pasaje”, tripulan las embarcaciones y regresan, si pueden, a su punto de partida, que es el territorio marroquí.
¿Dónde está la responsabilidad española en este tinglado mafioso? ¿Qué responsabilidad incumbe a España en este infame tráfico? ¿Qué culpa tienen el Gobierno español o sus ciudadanos por este negocio? ¿Cree sinceramente la imprudente ministra Palacio que diciendo estas cosas mejorarán las relaciones con el régimen cherifiano, que se lucra con tales prácticas sin ponerles remedio ni freno? ¿Cuando sentará la cabeza esta buena señora?
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