Una de las grandes victorias del activismo ecologista contra el progreso ha sido convencer a la opinión pública y a los gobiernos con sus métodos habituales –campañas de intoxicación y deformación de los hechos– de que la energía nuclear, la más limpia y barata que hoy se conoce, es una de las mayores amenazas para la salud y la seguridad colectiva, por lo que sería prioritario desmantelar todas las centrales nucleares lo antes posible.
Los gobiernos responsables –como el de Bush– que se han ocupado mínimamente de averiguar qué hay de cierto en las patrañas de los grupos ecologistas no les prestan ninguna atención. Sin embargo, los gobiernos europeos, temerosos de la influencia y credibilidad que éstos han logrado ante la opinión pública por medio de sus campañas –no en vano hay un partido verde en el gobierno alemán– han optado, demagógicamente, por ceder ante ellos, otorgándoles reconocimiento político y una especie de derecho de veto sobre las cuestiones medioambientales que se refleja en una legislación adaptada a sus consignas y en las subvenciones que reciben.
Es el caso del presidente de Castilla-La Mancha, José Bono, que aprovecha cualquier oportunidad de crear polémica “progresista” para centrar la atención sobre sí mismo. La alianza de Bono con los ecologistas produjo, por ejemplo, la sustitución de Cabañeros, un encinar despoblado y perdido en los Montes de Toledo del que nadie se acordaba hasta que el Ministerio de Defensa quiso instalar allí un polígono de tiro –posteriormente convertido en Parque Nacional–, por Anchuras, una localidad de esa comarca donde sí vivían personas y que a punto estuvo de convertirse en el nuevo polígono, con el beneplácito de Bono y los ecologistas, de no haber sido por la eficaz labor de denuncia que protagonizó el difunto Antonio Herrero. Otra “victoria” que hay que agradecer a Bono y los ecologistas es el trazado de la carretera N-III, que evitó la construcción de un inofensivo viaducto sobre las Hoces del Cabriel, suponiendo para el contribuyente unos cuantos miles de millones de pesetas más y para los automovilistas unos cuantos accidentes más de tráfico.
Sin embargo, nunca se había llegado al extremo de utilizar dinero público para financiar directamente las campañas de los ecologistas. El Ejecutivo de Bono, tal y como ha denunciado el candidato del PP a la Junta de Castilla-La Mancha, Adolfo Suárez Illana, y posteriormente ha reconocido el consejero de Agricultura y Medio Ambiente, Alejandro Alonso, pagó 120.000 euros (20 millones de pesetas) a la asociación ACMADEN-Ecologistas en Acción (la misma que propaló el bulo del pez mutante en el río Ebro a raíz de los vertidos de la central de nuclear de Garona) para organizar una campaña de “sensibilización” a favor del cierre inmediato de la central de Zorita, en Guadalajara, cuyo cierre definitivo está previsto en 2006. Pero lo increíble del caso es que Alejandro Alonso, lejos de turbarse, aseguró que “estamos orgullosos de coincidir con todas las organizaciones ecologistas (...) y de haber colaborado económicamente en una campaña que persigue el cierre de la central nuclear de Zorita”.
Quienes no estarán tan orgullosos serán los contribuyentes, a quienes se obliga a subvencionar a los responsables del alto precio de la energía eléctrica por causa de la moratoria nuclear y los habitantes de la comarca donde hoy está instalada la central, que ya no será sustituida por ninguna otra, gracias a la pusilanimidad de nuestros gobernantes.
Zorita: patrañas subvencionadas
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