¿Cómo puede alguien creer que el escándalo de las coimas va a provocar un vuelco de opinión? ¡Por favor! Si el gobierno de la Concertación controla todo: el Poder Ejecutivo, la Cámara fiscalizadora, la Contraloría, el Consejo de Defensa del Estado y los Tribunales de Justicia. Lo único que va a suceder será que el gobierno, con su poder comunicacional, dará vuelta a las cosas en perjuicio de la oposición.
Ya el presidente Lagos ha comenzado la tarea, poniendo énfasis en que el origen de la corrupción está en un "empresario". Claro, se cuida de precisar que es simpatizante del partido que él mismo fundó y que es "empresario" gracias al favor oficial. Y luego el presidente anuncia que procederá con mano dura. ¿Alguien puede creer eso? Si fue informado hace 11 meses de irregularidades en Transportes, y nada hizo.
Ya en 1990, siendo ministro de Educación, Lagos ordenó comprar a la empresa de un conocido simpatizante socialista español, Jesús Polanco, material didáctico por 11 millones de dólares, sin llamado a licitación, como era legalmente exigible; valiéndose de un particular designado por él, lo cual tampoco era legal; y girando a través de este último los correspondientes fondos de Tesorería, otra ilegalidad más. Cinco años después, un inspector de la Contraloría comprobó que el negocio había significado al Estado chileno pagar un sobreprecio de cuatro millones 700 mil dólares. La Contraloría, comprendiendo que su ingenuo inspector había incurrido en una conducta moralmente ejemplar, pero políticamente muy incorrecta, le selló la boca y lanzó el hierro candente al Consejo de Defensa del Estado. Este investigó, pero, temiendo quemarse, resolvió devolverlo a la Contraloría, para que iniciara un sumario, requisito, dijo, sin el cual no era posible proceder judicialmente.
Pero ésta, ya con quemaduras de tercer grado, discurrió que, habiendo sido un particular el gestor del negocio, y no un funcionario público, carecía de competencia para iniciar un sumario. Genial. Claro, había una pequeña falla: el autor intelectual de la operación, el ministro de Educación, era funcionario público.
No, mis amigos, no pierdan su tiempo. Aquí en Chile manda la Concertación, no la ley. Si ambas entran en pugna, peor para la ley. Acabamos de presenciar cómo el gobierno ha logrado remover a un Comandante en Jefe sin tener atribución legal para hacerlo, y se ha mandado a prisión a un general de Aviación que sólo cumplió estrictamente la ley.
Chile, bajo la Concertación, ha llegado a un estado general de impermeabilidad moral. He mencionado más de una vez mis denuncias sobre las iniquidades del proceso contra el general Pinochet, entre ellas una perla: el juez Guzmán Tapia sometió a proceso a los integrantes de la comitiva del general Arellano (y al general Pinochet) por los fusilamientos de Cauquenes, del 4 de octubre de 1973, pese a que en esa fecha la comitiva no estuvo en esa ciudad.
Pero el juez hizo una excepción con un miembro de la comitiva, su primo-hermano, el entonces mayor Carlos López Tapia. No lo sometió a proceso y nunca siquiera lo interrogó. Su primo, en realidad, es el único que ha recibido debida justicia, pues, al igual que sus compañeros, es inocente de dichos fusilamientos. ¿Qué reacción ha habido frente a esta situación tan inicua? Ninguna, en años.
Tampoco la va a haber ahora. Los ilusos pueden añadir el caso de la Subsecretaría de Transportes a la larga lista de escándalos de estos 12 años y luego olvidarse de todo.
La falta de espacio, no de escándalos, me impide continuar.
Hermógenes Pérez de Arce es analista político chileno.
© AIPE
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