Presos etarras: ¿como los demás?

Celdas individuales y contiguas que permanecen abiertas, aislamiento del resto de los presos comunes, comidas con platos y cubiertos –en lugar de la bandeja habitual–, menús especiales para celebrar los atentados de ETA, indrumentarias que lucen propaganda de la banda terrorista, cantidades de dinero superiores a las permitidas al resto de los presos, estudios universitarios aprobados sin exámenes (casi un 50 por ciento de los presos etarras realizan estudios universitarios en las facultades de la UPV controladas por el entorno de ETA, cuando la media para el resto de los reclusos es del 2 por ciento) y beneficios penitenciarios otorgados con largueza por jueces como Ruth Alonso son algunos de los privilegios de los que gozan los presos etarras. Este trato de favor ha sido denunciado en reiteradas ocasiones desde diversas instancias: funcionarios de prisiones, fiscales, profesores de la Universidad del País Vasco (que reciben visitas del entorno de la banda para “interesarse” por los progresos de los pistoleros encerrados, quienes aprueban sistemáticamente con “excelentes notas”), víctimas del terrorismo e incluso los propios familiares de los presos de ETA son algunos ejemplos.

Por si todo esto no fuera ya suficiente escarnio para la sociedad española, para las víctimas del terrorismo y para el resto de los internos que cumplen pena en las cárceles españolas –quienes, el pasado agosto, a raíz del atentado de Santa Pola que costó la vida a un hombre y una niña de seis años, expresaron su indignación increpando a los presos etarras en la cárcel de Soto del Real, guardando espontáneamente dos minutos de silencio y dando vivas a España; algo no que se les ocurriría a los nacionalistas ni en sus peores pesadillas–, el PNV e IU han manifestado su oposición al endurecimiento de las penas para los presos etarras apoyándose en el argumento de que deben ser tratados “como el resto de los presos”.

Concretamente, en el capítulo de la reinserción y los beneficios penitenciarios –que el PP y la mayoría de la oposición quieren condicionar al arrepentimiento efectivo, y no meramente retórico, de los presos etarras– el PNV, por boca de Margarita Uría, afirma que la reinserción de etarras no consiste en “forzar a alguien a que tenga una determinada ideología”, sino certificar que “no va a volver a incidir en la misma delincuencia”. La diputada del PNV olvida que en ETA-Batasuna, delincuencia e ideología son una misma cosa, por lo que, si los etarras quieren acogerse a la generosidad de la sociedad española, lo lógico es que renuncien a la “ideología” del tiro en la nuca y del coche bomba, al igual que el resto de los presos ha de renunciar al delito por muy íntimas que sean sus convicciones; pues de otro modo –como ya ha demostrado la experiencia–, la reinserción de los presos etarras no se produce en el seno de la sociedad, sino en el de la banda, para seguir asesinando y extorsionando.

Gaspar Llamazares –cuyo objetivo último parece ser convertir a IU en una fuerza política extraparlamentaria– por su parte considera que la iniciativa del Gobierno trata a los penados “de forma desigual”, convierte la reinserción “en algo anecdótico” y “rezuma una profunda desconfianza en el poder judicial”. Podría darse crédito a Llamazares si antes se hubiera hecho eco de las denuncias sobre el trato desigual que reciben los presos etarras o hubiera mostrado su indignación por las resoluciones de la juez Ruth Alonso; ya que en ausencia de ello, sus argumentos –los mismos que emplean los simpatizantes de ETA-Batasuna– tienen muy escasa credibilidad.

Como ya hemos dicho en otras ocasiones, las principales finalidades de las penas –por muy mal que pueda sonar a los castos oídos de la progresía– son la función ejemplarizante y disuasoria del castigo del delito, la satisfacción a las víctimas y el apartar de la sociedad a quienes no están preparados para vivir en ella pacíficamente sin violentar la vida, la propiedad o los derechos del resto de la gente. La reinserción, como objetivo subsidiario, nunca puede ser un derecho absoluto; sobre todo cuando, como en el caso de los etarras que asesinaron al guardia civil Antonio Molina, “reinserción” es sinónimo de excarcelación.

Es, pues, un insulto a la inteligencia –no digamos a las víctimas del terrorismo– hablar de reinserción cuando, hasta en la cárcel, la gran mayoría de los presos etarras sigue fielmente las directrices de la banda. Causa risa –además de una profunda indignación– la excusa que el PNV aduce para que los etarras encarcelados no muestren abiertamente su oposición a la banda terrorista: su vida correría peligro. Exactamente igual que la de los ciudadanos sin derecho a escolta que manifiestan abiertamente su oposición a ETA-Batasuna. Son los inconvenientes de reinsertarse en una sociedad donde defender la libertad y oponerse al nacionalismo obligatorio supone un riesgo para la vida. Un riesgo que los etarras verdaderamente arrepentidos deben asumir, aunque sólo sea para enmendar sus errores pasados y compensar de algún modo el daño que han causado; pues sólo faltaría dar carta de naturaleza en la vida en libertad a los privilegios de los que injustamente gozan en la cárcel gracias a la intimidación que practican con jueces y funcionarios.

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